¿Qué tan alta es la presión de los impuestos y otras contribuciones en Uruguay respecto a los países de la región y la OCDE?

Un reciente trabajo muestra cómo está la Presión Fiscal Equivalente en América Latina y el Caribe.

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OCDE. Foto: AFP.
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Qué tan alta es la presión fiscal que tienen los uruguayos en la región?¿Cómo se compara con el promedio de los países más desarrollados nucleados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)?

Las respuestas están en el reciente trabajo (con fecha de publicación el 21 de febrero de 2024) “Presión Fiscal Equivalente en América Latina y el Caribe: Actualizando los ingresos fiscales de la región al final de la pandemia”, elaborado por el consultor fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Alberto Barreix, el Especialista Líder de Sector en Administración Fiscal en el BID Ubaldo González de Frutos y el director de Estudios e Investigaciones Tributarias en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias Santiago Díaz De Sarralde.

Los autores definen a la presión fiscal como “la cantidad de recursos, medida en porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB), que un país obtiene por impuestos, contribuciones a la seguridad social y otros ingresos para financiar la gestión pública”.

A su vez, “el nivel de presión fiscal puede ser afectado por las diferentes maneras en que las jurisdicciones obtienen otras fuentes adicionales de ingresos o por configuraciones alternativas de las funciones básicas del Estado, como la protección social. Eso afecta el cálculo del indicador y también la forma en la cual se puede comparar la carga fiscal entre diferentes países”, añaden.

Por ello, “para fortalecer el entendimiento sobre el nivel de presión fiscal en los países de América Latina y el Caribe (ALC) y llevar en consideración los diferentes tipos de ingresos, se utiliza el concepto de Presión Fiscal Equivalente (PFE)”, señala el trabajo.

“Esta metodología de cálculo incluye dos fuentes de ingresos adicionales a las tradicionales (impuestos y contribuciones a la seguridad social pública): las contribuciones obligatorias a la seguridad social privada (salud y pensiones) y los ingresos no tributarios (dividendos, regalías y cánones, entre otros) de la explotación de recursos naturales”, explican.

Al ir a los resultados, los autores muestran primero cuánto implican los ingresos por recursos naturales no tributarios y contribuciones a la seguridad social privadas.

“Analizando por país, se comprueba que dos de ellos agregan más de cinco puntos porcentuales del PIB (eje izquierdo) a la PFE: se trata de Chile, con 5,9%, y México, con 5,5% puntos del PIB, respectivamente”, señala el trabajo.

“Cuatro jurisdicciones adicionan más del 3% (El Salvador, Bolivia, Panamá y Uruguay); y cuatro agregan más del 2% (Colombia, Perú, República Dominicana y Argentina). Esto contrasta con un grupo de nueve países que no agregan prácticamente recursos, con el 0,2 del PIB en el mejor de los casos, correspondiendo la mayoría de ellos a la subregión del Caribe”, agregan.

Al analizar la situación por subgrupos de países, considerando la PFE en vez de la presión fiscal tradicional (que no tiene en cuenta las contribuciones a la seguridad social privada ni los ingresos no tributarios), “la carga aumenta significativamente en el promedio para el Mercosur más Chile más México en 3,3 puntos porcentuales del PIB, (o sea, un 14% de los recursos) mientras en otras subregiones permanece casi inalterado, especialmente en las jurisdicciones caribeñas”.

“En promedio para los países de ALC considerados crece el 1,7% del PIB, equivalente a casi el 8% de los ingresos del fisco”, agregan.

“En términos de cada uno de ambos agregados, para Chile, El Salvador, Uruguay, Republica Dominicana y Costa Rica el aporte adicional diferencial de las contribuciones sociales privadas es predominante, aunque con distinto peso. En tanto, en México, Bolivia, Panamá, Trinidad y Tobago, Brasil, Paraguay, Ecuador y Nicaragua, los ingresos adicionales predominantes provienen de rentas no tributarias de recursos naturales”, sostienen los autores.

Entonces, ¿cómo era la Presión Fiscal Equivalente para los países de América Latina y el Caribe en 2021 (que es el último dato disponible)?

Brasil lidera, como el país con mayor PFE de la región superando el 35% del PIB. Lo sigue Argentina con 35% del PIB y en tercer lugar aparece Uruguay levemente por debajo del 35% del Producto según el trabajo.

En el caso de Uruguay, la mayor presión fiscal viene de las contribuciones a la seguridad social públicas que representan el 9% del PIB, seguido por el IVA que representa el 8% del PIB.

Detrás de Brasil, Argentina y Uruguay como los de mayor PFE de América Latina y el Carbie vienen Chile, Barbados, El Salvador y Bolivia.

Presión Fiscal Equivalente en América Latina y el Caribe: Actualizando los ingresos fiscales de la región al final de la pandemiasión fiscal equivalente.

En tanto, los países con menor PFE de la región son Guatemala (por debajo del 15% del PIB), Paraguay, Guyana (ambos levemente por encima del 15% del PIB), Bahamas y Panamá (que superan el 15% del PIB, pero están por debajo del 20% del PIB).

El promedio de Presión fiscal Equivalente en ALC está en 23,6% del PIB y el de los países de la OCDE(dentro de los que están algunos de ALC como México, Chile y Colombia) está en 34,3%.

“La PFE complementa la visión tradicional de la carga fiscal de aquellas jurisdicciones de ALC que han adoptado opciones distintas de obtención de ingresos, como las contribuciones privadas obligatorias o los ingresos provenientes de sus acervos de recursos naturales, para ofrecer magnitudes más comparables e informativas”, concluyen los autores.

La relevancia de los adicionales

Los autores explican que “la disponibilidad de recursos naturales, renovables o no, que permite a los gobiernos obtener ingresos públicos suplementarios que no se computan en la ratio de carga tributaria tradicional, como sucede en el caso de los hidrocarburos y minerales, son muy relevantes en varios países de América Latina y el Caribe (ALC), así como los ingresos de otras infraestructuras, como los servicios del canal transoceánico de Panamá o la venta de energía hidroeléctrica excedente en Paraguay (Itaipú y Yaciretá)”. A su vez, “en las áreas de pensiones y salud, varios países implementaron esquemas de capitalización individual, de naturaleza obligatoria, que sustituyen o complementan, según el caso, las prestaciones públicas”, agregan.

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