Innecesario. Es lo mejor que podría decirse del articulo aditivo a la ley de medios aprobado en el Senado, sobre “deberes” de periodistas y medios audiovisuales para asegurar el derecho a la información de los ciudadanos.

No implica ningún tipo de garantía para que el ciudadano goce de una total libertad de expresión y ejerza sin límites su derecho a buscar, difundir y recibir información, pero sí en cambio resulta un nada sutil empujón hacia la autocensura. Haya o no sanciones explícitas; siempre habrá fiscalizaciones de rutina y burócratas fisgones con el indice en ristre.

Las garantías están -la Constitución, el Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el art. 13 de la Convención Americana-, y con ello es suficiente. El ciudadano no necesita que el poder político le dé una protección extra y menos en materia de libertad de expresión, la única libertad que el pueblo no puede delegar ni a la que debe renunciar so pena de perder su soberanía y acabar con la democracia. Puede manejarse solo; está capacitado para decidir cómo se informa, a cada minuto y por qué medios o vías, de la misma forma que lo está para elegir sus representantes, eso sí, cada 4 o 5 años.

Lo malo del artículo es que marca una tendencia o trasunta ideas paternalistas, tutoriales, por no decir autoritarias, muy peligrosas.

Pero lo peor es que afectará mucho la buena imagen externa que tiene el Uruguay. Me temo que The Economist lo habrá de pensar dos veces ahora con este “articulito” que queda ahí escrito. Y conste que, aparte de todo el esfuerzo que hacen aquellos que se regocijan ensuciando al país afuera, es un asunto difícil de explicar. Y no vale el argumento de que fue producto de una transacción para conseguir votos esquivos. Tampoco lo justifica que la nueva ley sea mejor que la existente.

A fines del siglo pasado la Comisión Mundial para la Libertad de Prensa, con vistas al nuevo milenio, convocó a 20 expertos -periodistas, académicos- para editar un “manual” sobre “variedades modernas de limitaciones a la prensa”. Hubo acuerdo en que todas las leyes que restringen la libertad de prensa y el derecho a la información en su primer artículo dicen que es para defenderlos y asegurarlos. Coincidieron asimismo en que una de las amenazas mayores es la exigencia de que los periodistas y medios deben dar información veraz, oportuna, imparcial, plural y tantán.

Veamos el aditivo: “(Del derecho de los ciudadanos). Los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”. ¿Quién decide lo de completa?

Se exime de esta obligación a políticos, sindicatos y varios sectores privilegiados más, entre ellos los periodistas de prensa escrita que podemos decir lo que queramos, y mentir y desinformar a gusto y gana si se nos antoja.

¿Y los ciudadanos?: que se rijan por lo que se les dice, o se autoriza a decirles o se recomienda cómo decírselos.

Diputados y Presidencia próximas etapas.