Si en la consideración legislativa del proyecto de Presupuesto Nacional la presencia en Comisión de los representantes de cada uno de los incisos es siempre importante, hay dos que revisten especial trascendencia: uno naturalmente es la del Ministro de Economía, y la otra, al menos para nosotros, es la de las autoridades de la enseñanza pública. Ella es a nuestro juicio el tema más importante que nuestro país tiene por delante, porque el Uruguay de las próximas décadas en gran medida será lo que su sistema educativo sea.

Lógicamente, la instancia presupuestal es el momento donde las fuerzas políticas consideran con detalle las políticas, los objetivos, las metas y los medios para alcanzarlos, que los entes de la educación se trazan.

Esta oportunidad fue bastante diferente a lo sucedido en ocasiones anteriores. Estábamos acostumbrados a que la ANEP remitiera al Parlamento su proyecto presupuestal y que a su vez el Ejecutivo planteara sus diferencias. Se convertía entonces el Legislativo en la instancia donde las fuerzas políticas procuraban los acercamientos necesarios para lograr así contemplar las solicitudes propuestas. Esta vez, el acuerdo se produjo fuera del ámbito parlamentario y es así que la Cámara de Representantes dio su aprobación al proyecto del Poder Ejecutivo, quedando por el camino el elevado por la ANEP.

La cuestión no es por cierto menor, porque la diferencia entre la aspiración del Codicen y la propuesta del Ejecutivo es de aproximadamente 100 millones de dólares y, bien sabido es también que, no se llega a destinar el 4,5 % del PBI a la ANEP y a la Udelar, sino que estaríamos en una cifra que rondaría, siendo optimistas, el 3,8% .

Todo esto torna muy dificultoso pronunciarse respecto a los planes de la ANEP. El Plan Estratégico de Gestión que elaborara contempla algunos elementos que el Partido Nacional venía reclamando —más allá de que en ciertos casos las propuestas son muy vagas y de impreciso alcance— como la reapertura del Instituto Magisterial Superior y el énfasis en la formación docente de grado y postgrado, la estabilidad laboral de los docentes, la mayor autonomía de los centros educativos, la extensión del sistema de Escuelas de Tiempo Completo, el cambio de liceos de tres a dos turnos, y la extensión de la educación inicial. No sabemos a ciencia cierta cuánto efectivamente se llevará a cabo. Una cosa es planificar contando con un presupuesto determinado y otra cumplir esas metas con 100 millones de dólares menos.

El Partido Nacional expresó a la bancada oficialista su intención de procurar mejorar las cifras asignadas por el Poder Ejecutivo, restando saber si finalmente se remitirá un Mensaje Complementario y ante la eventualidad de que así se hiciera, si éste contemplara las aspiraciones de la ANEP.

Las diferencias entre el proyecto del Ministerio de Economía y el de la ANEP no solamente radican en las cifras, sino también en el destino de los recursos. Mientras el primero prioriza las inversiones, el segundo pone mayor énfasis en la recuperación salarial de los funcionarios, docentes y no docentes.

En dicho rubro y con este panorama se tornará muy difícil obtener la recuperación del 35 % anunciada, por lo que cabe concluir que las reivindicaciones salariales quedarán otra vez postergadas.

Si bien en muchos aspectos las líneas estratégicas planteadas por la ANEP contemplan viejas aspiraciones del Partido Nacional, en otras vemos la continuación de algunas políticas en su momento muy criticadas pero hoy aceptadas, tal la continuación de los programas financiados por el BID y la Unión Europea que con retoques más retóricos que reales, continuarán utilizándose.