Comienza un nuevo año electoral, y como en todo inicio, tanto las personas como las diversas organizaciones, a veces se encuentran en la dualidad trascendental de tener que decidir qué camino tomar, cómo comunicar sus ideas y posturas, afrontando la incertidumbre de los efectos futuros de su resolución.

Según los indicadores de empleo, la realidad laboral de nuestro país ha tenido una notoria mejoría, sin perjuicio de ello, el nivel de conflictividad sindical no. Actualmente, el movimiento sindical se excusa en la ideología dedicándose a esbozar su conflictividad y a insistir con sus planteos “de clase”, aparentemente defendiendo intereses de los trabajadores, pero sin ocultar su intencionalidad política: la disputa directa contra el gobierno.

Actualmente, el escenario de la conflictividad laboral colectiva -hay que diferenciarla de la individual- está muy marcado por ser el año de las elecciones nacionales. En ese sentido, el índice de conflictividad resulta ser mayor por ser un momento coyuntural clave para movimiento sindical.

Esto marca un matiz fundamental en unas relaciones laborales cruzadas en forma horizontal y vertical por un trasfondo ideológico que no deja de considerar a las mismas como una lucha donde se encuentran posiciones a conquistar, o por lo menos a no perder.

Aceptar las palabras de tu oponente como propias es quizás otro pecado del mundo políticamente correcto y de la cultura de cancelación prevaleciente. Con esta carga ideológica como marco tanto para situaciones prácticas como para teóricas, debemos afrontar la difícil tarea de modernizar el derecho laboral uruguayo en un contexto fundamentalmente desfavorable al cambio y por tanto de carácter monolítico.

Hasta tal punto que los derechos y obligaciones se entrelazan con reivindicaciones de naturaleza no jurídica, creando un entorno radicalmente diferente y asimétrico en el que a menudo dominan elementos colectivos -y cuyos eslóganes a menudo están lejos de ser puramente legales, y son estrictamente políticos.

Los sindicatos deberían, de una vez por todas, tomar conciencia que su rol es velar por los derechos de los trabajadores, cuando la cuestión lo amerite, desinteresadamente, de forma auténtica.

Esas posturas polarizadas en la práctica requieren matices en las formas de comunicar, y sobre todo de adaptación de lo que marca el deber ser de las ideas o ideologías imperantes en cada fuerza política, vinculadas con la coyuntura nacional, la realidad de los hechos, y lo que al país verdaderamente le conviene y necesita.

Como sociedad, debemos ser capaces de dejar de lado nuestras diferencias. Nadie es mejor ni tiene más derechos que otro. La lucha de clases es el argumento de venta de unos pocos y las relaciones laborales deben ser más flexibles, más justas y más equitativas para abrir la puerta al desarrollo. Solo nosotros podemos crear un mañana mejor.

Nuestra fuerte institucionalidad es un valor que brilla por si solo en lo regional, la estabilidad democrática, el respeto de la ley, y la transparencia, la acompañan para nuestra alegría.

Es hora de dar vuelta la página, claro está que pensar en clave de lucha ya no es redituable en un mundo que necesita dinamismo y soluciones.