El bullying es una de las enfermedades modernas que se ha puesto de moda (¡son tantas!).

Pero una que está llegando a límites impensados.

Búsqueda noticia el pasado 20 de abril que los fiscales agremiados “recurren a organismos internacionales frente…” al bullying.

Ellos dicen que lo sufren a manos de los políticos.

“La Asociación de Magistrados Fiscales presentó dos solicitudes… una a la ONU y la otra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA”, por el “acoso permanente”, el “hostigamiento” y un “sometimiento al descreimiento público”.

Todo ello dicen que fue emprendido por jerarcas, legisladores y dirigentes políticos contra la Fiscalía, a partir del Código del Proceso Penal…”

“Caso virgem”, dirían los brasileros.

De verdad, por lo menos en mis ochenta y monedas de vida, nunca vi algo igual.

En cualquier momento va a saltar el senador Charles Carrera denunciando al senador Jorge Gandini ante la ONU, la OEA (y, por las dudas, la Unasur).

A ver.

Hace tiempo que vivimos una distorsión de la Democracia.

Se llama “judicialización de la política”.

Consiste en que actores políticos, cuando no consiguen lo que quieren, en términos de apretar a un contrincante, por los caminos institucionales de la Democracia, buscan inmiscuir al Poder Judicial.

No importa demasiado si el asunto encuadra jurídicamente en las competencias de un juez.

Con la publicidad negativa, (y lo que demora la justicia), ya se consigue bastante, (si no todo, porque muchas veces con el enchastre, basta).

Este vicio no tiene remedio institucional, al carecer de una previsión legal aplicable.

Y no ayuda el hecho de que, por lo general, los jueces no se animan a rechazar frontal y ruidosamente esas maniobras.

Lo que es más reciente es el espectáculo que viene dando el Ministerio Público desde la reforma del Código del Proceso Penal.

Hay fiscales superstar que hacen desfilar decenas de personas por sus despachos y hay un trasfondo de declaraciones públicas, por lo general impropias.

Todo eso sumado a varios episodios conventillescos.

Ellos incluyen acusaciones cruzadas entre fiscales, renuncias ruidosas y otros hechos poco recomendables para un ámbito tan delicado.

Está claro que esto no justifica que aparezcan actores políticos voceando críticas contra fiscales, de contenido y tono impropios, (que criticar es un derecho).

No ocurría así, al menos no con la misma frecuencia e intensidad, cuando la instrucción estaba en manos de jueces.

Quizás el cargo imponía más respeto.

Quizás el mayor recato con que se desarrollaban las investigaciones dificultaba en algo la tentación de meterse a opinar desde afuera.

Quizás, también, las responsabilidades jerárquicas se asumen con más celo en la Suprema Corte que en la Fiscalía.

Sea como fuere, la cosa está peor.

Peor para el ejercicio de la justicia.

Y peor para el correcto funcionamiento de la Democracia, que tanto depende de aquella.

Ahora, nada de eso justifica la actitud del gremio de fiscales referida al comienzo.

Para empezar, pensándolo bien, lo que están haciendo es buscarse un bully más grande, con la esperan- za de amedrentar a los políticos. ¡Angelitos!

Bajado al plano jurídico, sorprende que personas con formación jurídica, razonen creyendo que tienen un derecho.

Y, además, que las instituciones jurídicamente idóneas para tutelarlo sean la ONU y la OEA.

Para empezar, no existe el derecho a no ser criticado o a no sentirse presionado por las críticas.

Ni para un fiscal, ni para cualquier otro ser humano mayor de edad.

Pero lo peor, es haberse sumado a la cultura cívica (falta de) que campea en nuestro país.

Ella muestra, por ejemplo, parlamentarios que se saltean las instituciones para buscar cosas que no pueden conseguir por los carriles constitucionales normales.

Muestra también actores sociales que razonan y actúan igual, tratando de meter en la Constitución lo que el régimen democrático representativo no les da.

O que utilizan derechos, como la huelga, para fines ajenos al instituto.

Y ahora, fiscales, que pretenden alcanzar fuera de la Democracia lo que adentro no ven accesible.

Todas esas actitudes y acciones coinciden en una cosa, que es el descreimiento por la Democracia.

Al ejercerlo, contribuyen a reforzar ese descreimiento en la ciudadanía.

Por último, volviendo a los fiscales.

Su formación jurídica debe recordarles que no es función de un gremio o sindicato ocuparse de temas que vayan más allá de lo laboral.

Es lo que hace, cierto que impunemente, el Pit-Cnt.

Que se salga con la suya no es justificación.

Si todos nos dedicamos a socavar a la Democracia, vamos a terminar por conseguirlo. Otra vez.