Una de las afirmaciones del presidente Jair Bolsonaro en la Conferencia del Clima fue la de “eliminar la deforestación ilegal de la Amazonia hasta 2030”. El combate a las prácticas ilegales en la región incluye los incendios y la minería.

La intención presidencial fue considerada “incentivadora” por el presidente Biden y “constructiva” por John Kerry, pero ambos dicen aguardar medidas concretas y “sólidas” en ese sentido.

El gobierno Bolsonaro podría iniciar el cumplimiento de esa promesa con acciones para reprimir la explotación de oro y diamantes, una de las actividades más lucrativas y que más perjudican a la selva y a las comunidades indígenas.

La búsqueda de oro en la Amazonia está arraigada en prácticas ilegales, que hoy responden a casi el 16 por ciento de la producción del país, con la extracción en áreas prohibidas y sin ningún tipo de control. Cerca de 320 puntos de mine- ría ilegal fueron identificados en nueve estados de la región. El área para la búsqueda de oro ocupa ya 2,4 millones de hectáreas. En el Estado de Rondônia se acaba de aprobar una ley que legaliza 200 mil hectáreas de tierras expropiadas ilegalmente en dos unidades de conservación.

Recientemente se divulgaron estudios importantes sobre la explotación de oro en la Amazonia. Los resultados de esos trabajos muestran la corrupción, deforestación, violencia, contaminación de ríos por el uso de mercurio, destrucción de vidas, sobre todo de poblaciones indígenas.

La extracción de esos minerales no es capaz de transformar la realidad local a largo plazo y mantendrá la región pobre, enferma y sin educación. Al no traer desarrollo económico, la explotación de oro y diamantes abre la discusión sobre las alternativas económicas que podrían generar riqueza y bienestar duraderos.

Esos trabajos fueron enviados al Banco Central que lanzó un conjunto de acciones de responsabilidad socioambiental para responder a la presión de los inversores y de las instituciones financieras en Brasil y en el exterior por incentivos que favorezcan los negocios sustentables y combatan la deforestación.

Ese compromiso del sector financiero nacional puede ayudar a limpiar el sector de minería de oro en Brasil y hacer que ese metal ilegal no consiga ingresar en el mercado. Exigir una garantía del origen legal y de conformidad ambiental es un imperativo constitucional y debe ser un compromiso ético y moral del sector financiero.

De acuerdo con la Constitución Federal brasileña, la minería en Tierras Indígenas solo puede ocurrir mediante ley del Congreso Nacional y con consulta a las comunidades, pero hoy no existe ninguna legislación que regule la actividad dentro de los territorios.

Por iniciativa del Senador Fabiano Contarato, proyecto de Ley prevé la creación de un sistema de validación electrónica para comprobar el origen del oro adquirido por las instituciones financieras y permitirá el cruzamiento de información con otras bases de datos, como la de la recaudación de impuestos y la de producción de la Agencia Nacional de Minería. Para que la transacción sea efectiva, se pretende exigir comprobación de que el oro fue extraído en un área con derecho de extracción de minerales concedido por la Agencia de Minería y que la persona física o jurídica que está comercializando sea titular del derecho de extracción de minerales o titular de contrato con quien tenga ese derecho. Además, el vendedor tendrá que presentar la licencia ambiental del área.

La creación de un marco de control sobre la actividad de explotación de oro gana más urgencia ya que se observan intentos de regulación de la actividad contrarios a la Constitución, como la legislación del Estado de Roraima que dispone sobre la Licencia para la Actividad de Extracción Minera o la aprobada en el Estado de Rondônia. La norma estatal dispensa la presentación del Estudio de Impacto Ambiental e Informe de Impacto Ambiental, en violación a los preceptos constitucionales para favorecer la continuidad de las actuales prácticas que dañan a la sociedad, a los pueblos indígenas y al medioambiente en general.

Brasil se transformó en el centro de las ramificaciones criminales y de las facilidades de lavado de dinero con la explotación ilegal de oro. Las Tierras Indígenas y las Unidades de Conservación en la Amazonia Legal están amenazadas por la búsqueda de oro, a pesar de que la actividad esté prohibida.

Lo ilegal en la Amazonia, que incluye la minería, además de la deforestación y de los incendios, tiene que ser restringido por los gobiernos federal y estatales y el Congreso tiene que hacer su parte. Se espera que la declaración de intención presidencial en la Cúpula del Clima pueda ser confirmada inmediatamente con medidas políticas que produzcan resultados este mismo año.