Las elecciones en Venezuela fueron fraudulentas antes de la votación, durante la votación y, como ahora vemos, después de la votación. Con o sin actas.

En octubre, el “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y la “Plataforma Unitaria de Venezuela”, compuesta por el núcleo de los partidos de la oposición, suscribieron en Barbados el “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos”. El acuerdo también fue firmado por el Facilitador, el representante de Noruega, y estuvieron presente diplomáticos de Barbados, Rusia, Países Bajos, Colombia, México y los Estados Unidos. Las Partes declararon que reconocían y respetaban “el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos” y se comprometieron a promover “de manera conjunta en el Consejo electoral… un conjunto de garantías electorales para todos los actores para el venidero proceso comicial presidencial…”

El gobierno de Maduro (entendiendo como tal al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral, todos el mismo perro con distinto collar) incumplió lo que había pactado. Anuló las elecciones internas de Plataforma Unitaria; declaró que Henrique Capriles estaba inhabilitado; arrestó a la abogada Rocío San Miguel, activista por los derechos humanos; expulsó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; proscribió la principal candidata de la oposición, María Corina Machado; y revocó la invitación a la UE como observador (algo pactado expresamente en Barbados).

Por algún motivo el Consejo Nacional Electoral mantuvo su invitación como observador al Centro Carter.

Esa organización ha dado a conocer una Declaración donde concluye que el “proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”.

Antes de la elección, afirma el Centro Carter, “partidos de la oposición han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas. De manera aún más importante, la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos”.

Las “autoridades intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo”.

La votación, continua, “transcurrió de una manera cívica, pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales y, sobre todo, testigos de partidos”. Los acontecimientos después de la jornada electoral, desmerecieron los esfuerzos de la ciudadanía venezolana, “por la ausencia de transparencia del CNE en la difusión de los resultados”.

La situación ha empeorado desde el martes. Maduro y sus adláteres se quitaron la careta y revelaron su verdadera naturaleza. Lo mismo sucede con sus cómplices en nuestra región.