Con la reciente ratificación popular de las bases del sistema de seguridad social, Uruguay ha concluido un capítulo significativo. El resultado del plebiscito no solo representa una señal de gran madurez cívica, sino que confirma el compromiso tangible de la ciudadanía con los principios de estabilidad y responsabilidad que nos caracterizan en el mundo.

El desafío constante de perfeccionar el sistema previsional es innegable. Sin embargo, pese a las presiones coyunturales de la política, este tema no debería volver a monopolizar el centro del debate público. Es crucial redirigir la energía cívica y el consenso nacional hacia otros asuntos que determinarán el futuro del país.

La seguridad social ha vuelto a ocupar el centro del escenario en la campaña electoral previa al balotaje. Rumores, malentendidos y ecos de declaraciones han reavivado el debate, y las AFAP se han convertido en protagonistas, bajo la sombra de supuestas ganancias excesivas, aunque los datos reales digan otra cosa.

En Uruguay, las AFAP aplican una comisión del 0,35% sobre los saldos administrados, una de las más bajas a nivel internacional. Solo Colombia, con un 0,34%, registra una comisión levemente inferior. Según datos de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), que recopila información de sistemas comparables en 17 países, estamos lejos de la exageración y las acusaciones infundadas.

El sistema de seguridad social en Uruguay tiene un largo recorrido de transformaciones y mejoras. Ha sido un camino marcado por debates encendidos, consensos frágiles y desencuentros inevitables. Y aunque el proceso fue arduo, el diálogo social -esa amalgama de voluntades diversas, políticas y ciudadanas, a menudo opuestas- permitió alcanzar avances significativos, fruto de un esfuerzo colectivo por construir algo mejor.

Con las reformas de 1996 y 2023, y los ajustes intermedios, Uruguay ha construido un sistema previsional que refleja un esfuerzo colectivo para adaptar la seguridad social a los tiempos actuales.

Contamos con un sistema previsional que es financieramente sostenible, más justo y amplio, diseñado para integrar a toda la población bajo un mismo esquema. No obstante, las mejoras deben ser continuas. Las proyecciones para las próximas décadas indican que, aunque se ha logrado estabilizar el gasto jubilatorio, va a ser necesario un monitoreo ininterrumpido. Ni la economía ni la demografía son estáticas, y cualquier sistema previsional deberá ajustarse a los cambios inevitables. Siempre habrá que hacer retoques.

Es fundamental observar de cerca la evolución de las pensiones por invalidez, monitorear y ajustar el suplemento solidario para quienes tienen menores recursos, y analizar el funcionamiento de la relación entre trabajo y jubilación parcial. También es clave me-jorar las capacidades de las AFAP para poder multi- plicar los ahorros de los aportantes, logrando un balance adecuado entre riesgo y rentabilidad en sus inversiones.

Va a ser necesario introducir más incentivos para mejorar la competencia en el mercado de las AFAP y para que entren otras aseguradoras, además del BSE, para el pago de las jubilaciones con los montos acumulados en las cuentas de ahorro. Asimismo, habrá que analizar la fórmula de indexación de las pasividades a los salarios y ajustar el mecanismo de aumento automático de la edad mínima de jubilación para reflejar el aumento de la esperanza de vida.

Va a ser fundamental redoblar esfuerzos para mejorar la transparencia y la comunicación hacia la opinión pública sobre el sistema. La población necesita comprender claramente cómo se gestionan sus ahorros, tener la certeza de que no hay opacidad en el proceso y, sobre todo, evitar sorpresas negativas al momento del retiro. A los próximos gobiernos les tocará hacer los ajustes necesarios, teniendo siempre presente que el país ha alcanzado la estabilidad previsional a través de un esfuerzo colectivo: un paso esencial para mantener la coherencia en las políticas públicas.

Reabrir el debate sobre la seguridad social sería un retroceso que desviaría la atención de otros desafíos urgentes. Uruguay debe centrar sus esfuerzos reformistas en otros problemas que amenazan su desarrollo. Reducir la pobreza infantil, enfrentar el crimen organizado, mejorar la capacitación y actualizar la regulación laboral en un contexto de transformación global del trabajo son desafíos urgentes y complejos. En todos ellos, la eficacia y eficiencia del Estado serán determinantes para avanzar.

Es ahí donde debe estar el foco. La transformación del Estado, que debe incluir no solo al gobierno central, sino que también entes autónomos y servicios descentralizados, personas públicas no estatales y gobiernos departamentales, requerirá un diálogo social maduro.

El debate sobre el sistema previsional ya ha ocupado suficiente espacio en la agenda pública. Uruguay debe pasar la página y enfocarse en mejorar la gestión pública, con la responsabilidad que siempre ha caracterizado a sus ciudadanos. La próxima administración tiene el deber de trabajar para mejorar calidad de vida en el país, y para poder avanzar, va a ser esencial redirigir el foco de atención.