Ayer de mañana Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, anunció la eliminación del “El Registro Único de Transporte Automotor”. Una certificación para el transporte de cargas adicional a las naturales revisiones técnicas y seguros correspondientes. Además de los costos económicos y temporales, este registro distorsiona la actividad. Según relata el propio Struzenegger, para evitar este certificado las empresas usaban camionetas doble cabina, mucho menos apropiadas pero que catalogan como autos y no requerían el inútil certificado.
Capas de regulaciones se acumulan en las normativa vigentes en nuestros países. Regulaciones que, muchas veces, carecen de cualquier sentido y simplemente encarecen procesos. Y otras veces, son directamente una barrera intencional al ingreso de nuevos jugadores que inhiben la competencia, encarecen los precios y aseguran ganancias extraordinarias a las pocas empresas que logran sortearlas. Las décadas pasan y las malas leyes quedan.
Por nombrar un ejemplo local. La situación del transporte de pasajeros en Montevideo es ridícula. En diciembre es virtualmente imposible conseguir un taxi o un Uber en horas pico, mientras que la Intendencia de Montevideo se da el lujo de habilitar solo 200 nuevos choferes de la plataforma entre los más de 6000 interesados en brindar al servicio. Una restricción que eleva tarifas para toda la sociedad, inhibe la competencia y asegura rentas extraordinarias a los jugadores que ya están brindando el servicio.
Tengo la sensación que se está abriendo una era de reformas pro consumidor y anti burocracia en muchos países. Además de lo más notorio y cercano que es el trabajo que Federico Struzeneger en Argentina, son varios los países en donde este tema está llegando al centro de la discusión. Elon Musk estará en el futuro gobierno de Trump a cargo del “Department of Government Efficiency”, que justamente busca eliminar los gastos inútiles del sector público estadounidense.
No pretendo decir que esto es neutro desde el punto de vista doctrinario o ideológico, sin dudas ciertos sectores sienten una desconfianza natural por el rol del Estado y otros una confianza religiosa en el mismo. Pero si es claro, para cualquiera que entienda lo más básico de la ciencia económica, que más allá de preferencias políticas hay enormes ganancias de bienestar potenciales en estas agendas. Si a Milei y Struzenegger más o menos le sale la cosa en los próximos meses, la agenda de los cambios regulatorios que privilegien al consumidor promoviendo la competencia se expandirá como pólvora.
Hace unos días leí a una legisladora del Frente Amplio tuiteando: “En la elección se terminó definiendo por dos modelos de país: el modelo de la desigualdad, que la gente lo vivió, y el modelo del FA, que es de ampliación del bienestar”. Más allá del infantilismo y negacionismo de la realidad (este 2024 va a cerrar con máximos históricos en casi todos los indicadores de bienestar material) genera una sonrisa el voluntarismo. Creer que, en este Uruguay, por simple voluntad “distributivista” habrá mejoras de bienestar significativas es ridículo.
No habrá salto de bienestar posible sin que esta agenda llegue a nuestro país con fuerza.