En setiembre de 1977, luego de prolongadas negociaciones, el presidente Jimmy Carter, de los Estados Unidos, y el presidente Omar Torrijos, de Panamá, firmaron en la sede de la OEA en Washington, dos tratados complementarios sobre el Canal interoceánico: el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado relativo a la neutralidad permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá.

El Tratado del Canal de Panamá comienza con el reconocimiento de la “soberanía de la República de Panamá sobre su territorio” (lo que implicaba admitir que los acuerdos anteriores no le habían concedido a los Estados Unidos la soberanía de la zona del Canal sino solamente su administración y operación) y abroga los acuerdos anteriores, incluyendo la Convención del Canal Ístmico suscrita por los dos países en 1903. El acuerdo se refiere luego a diferentes temas vinculados al funcionamiento y gestión del Canal.

Un asunto que causaba considerable indignación entre los panameños había sido el derecho de izar su bandera en la zona del Canal. El acuerdo dedicó un artículo expresamente a ese tema, donde se acordó que en “las áreas cuyo uso la República de Panamá pone a disposición de los Estados Unidos de América…estará bajo la bandera de la República de Panamá, y, en consecuencia, dicha bandera ocupará siempre la posición de honor”.

En el segundo acuerdo, Panamá declaró que “el Canal en cuanto vía acuática de tránsito internacional será permanentemente neutral”, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, con el fin de que permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones. Con ese fin se pactó que el Canal será manejado eficientemente, y que se aplicarán reglamentos justos, equitativos y razonables. Una característica del acuerdo es que el protocolo está abierto a “todos los Estados de mundo”. Nuestro país adhirió en 1986.

El Tratado del Canal detalló un complejo proceso de transferencia del canal (la Zona del Canal dejó de existir el 1º de octubre de 1979) que culminó el 31 de diciembre de 1999.

Como había sucedido con la nacionalización del Canal de Suez por Egipto, en 1956, la administración panameña ha demostrado ser perfectamente capaz de operar el canal sin tutelas extranjeras. En junio de 2016 entró en funcionamiento el ambicioso proyecto de ampliación, que incluyó nuevas esclusas capaces de recibir buques de mayor capacidad de carga, que significó una inversión total de 3.380 millones de euros.

El gran desafío que enfrenta el Canal no es técnico, sino ambiental. Las sequías de los últimos años han afectado el funcionamiento de las esclusas lo que ha hecho necesario reducir el movimiento de buques. Ello ha llevado a incrementar las tarifas. Como afirmó el presidente de Panamá, esos aumentos “no son un capricho”. Tampoco son una novedad. Las tarifas se han establecido en audiencias públicas, antes y después de la transición a la autoridad panameña, los armadores algunas veces sí y otras no, han protestado por esos aumentos, y luego las aguas han vuelto a su cauce.

El Canal se encuentra en territorio panameño y pertenece a este país que lo administra eficientemente. No existe ninguna justificación para que el futuro presidente de los Estados Unidos pretenda recuperar la posición a que su país renunció en los muy sabios tratados de 1977. Los tratados se cumplen.