Tomo la posta de la propuesta lanzada por Pablo Mieres, sobre la urgencia de avanzar lo más posible en la formulación de un “Compromiso por el País 2”, y lo hago en la temática que me compete: la política cultural.

Quienes trabajamos en los equipos de cultura de los distintos partidos coalicionistas debemos intercambiar programas y sumar esfuerzos para dar a esta área (que en campaña electoral se destaca mucho menos de lo debido), la importancia que tiene en la reconstrucción del entramado sociocultural.

Dejando de lado planteos estratégicos, en las medidas concretas hay coincidencias muy interesantes: blancos, colorados e independientes somos contestes en desarrollar un plan nacional de cultura, que democratice y consolide las acciones de descentralización y fomento. También hay coincidencia en la necesidad imperiosa de potenciar la internacionalización de nuestros creadores a través de la recientemente creada Fundación Uruguay Cultura, que integra recursos públicos y privados con ese fin.

En el plano local, el programa del Partido Nacional sugiere la adopción de buenas prácticas internacionales, como el Plan Nacional de Música para la Convivencia vigente en Colombia. Se trata de una iniciativa que lleva escuelas de música a distintos centros poblados. El Partido Colorado dice lo propio en la promoción de un sistema de talleres artísticos, que brinde espacios y herramientas para estimular los talentos. El Partido Independiente, por su parte, propone la aplicación del Bono Cultural, que generó un alto impacto socioeducativo en la capital de Islandia y se replicó posteriormente en otros países europeos. La idea en este caso consiste en otorgar a las familias con hijos adolescentes un bono que les habilita a asistir gratuitamente a cursos extrahorario de deportes o educación artística. Incluso Cabildo Abierto propone facilitar el acceso a talleres de esta índole a personas de menores recursos.

En los distintos ejemplos internacionales, la aplicación de tales iniciativas resultó en un enriquecimiento sensible e intelectual de los chiquilines, apartándolos del ocio que los hacía proclives a las adicciones y mejorando las pautas de convivencia. Hace unos escasos días, un programa en tal sentido que venimos llevando adelante la ANEP y el MEC des- de 2022 culminó su tercera edición: el Festival de Clubes de Arte ya va por casi un centenar de grupos de liceos públi- cos que se arman para crear espectácu- los originales y presentarlos a escala nacional.

Lo mismo puede decirse respecto al estímulo a las industrias creativas. Este gobierno realizó una transformación de la actividad audiovisual que al principio levantó polvareda, pero hoy nadie duda que aportó un salto cualitativo al sector: la creación de la Agencia del Cine y el Audiovisual legó una mayor flexibilidad en el acceso a los recursos y coadyuvó en una realidad que hasta hace pocos años parecía impensada: que las grandes plataformas como Netflix, Amazon y Disney, encuentren en el país un lugar propicio para producir, con exoneraciones fiscales y dando trabajo a cientos de técnicos y actores compatriotas.

El gran desafío del próximo período consiste en fortalecer aún más la creación cinematográfica propia y lograr que los servicios que brindamos a las empresas extranjeras impliquen más y mejor talento uruguayo.

Hay otros debes sobre los que intercambiar ideas para tomar medidas concretas y largamente postergadas. Tal vez el más importante sea el de la necesaria formalización del trabajo artístico. Los creadores uruguayos de la música, las artes escénicas y visuales siguen trabajando mayormente en negro, en virtud de un defectuoso estatuto del artista formulado por el primer gobierno del FA. Se los obliga a facturar sus trabajos a través de cooperativas que, además de implicar por su sola intermediación un costo, descuentan aportes e impuestos excesivos para los magros ingresos que reciben. Urge una redefinición en tal sentido, siguiendo el modelo del monotributo Mides: otorgar al artista la libertad de cubrir un mínimo anual de aportación, con prescindencia de la frecuencia con que la realice, y a la vez brindándole la posibilidad de facturar electrónicamente en forma gratuita. Esta simple medida daría cobertura previsional a artistas que hoy están totalmente desamparados en ese plano.

Lo mismo puede decirse de los espacios culturales. Aunque parezca increíble, teatros independientes, salas privadas y galerías de arte pagan tarifas públicas del mismo porte que lo hacen las empresas que producen bienes de consumo masivo, e incluso abonan IVA por sus compras, cuando el artículo 69 de la Constitución los exonera de ello. Urge la aplicación de tarifas diferenciales como estímulo a la actividad cultural.

Son medidas concretas que no pasan por la frivolidad de cambiarle el nombre a un ministerio, como se sugiere desde otras tiendas. La cultura se impulsa con soluciones concretas a problemas de larga data y hacia allí debemos poner nuestros mayores esfuerzos.