En la próxima contienda electoral, de la segunda vuelta, nuevamente se presentan dos bloques claramente definidos, por un lado, la Coalición Republicana compuesta por los partidos que se encuentran gobernando desde el 2020 y el FA, que gobernó desde 2005 a 2020.

Por lo que surgió de la reciente campaña de la primera vuelta, hasta el 27 de octubre pasado, la discusión pública se concentró, casi exclusivamente, en la comparación de las propuestas programáticas presentadas por cada uno de los partidos integrantes de la coalición y el Frente Amplio.

Respecto del Frente, cabe destacar la increíble particularidad de que solo logró acordar, primero, las “Bases Programáticas” y, luego, los “Énfasis sobre las Bases” sin conseguir consenso de los grupos sobre el verdadero “Programa de Gobierno”, lo que a todas luces le resultaba imposible pues mientras el candidato Orsi proclamaba que había elegido al Ec. Oddone como su futuro ministro de Economía, los legisladores del Partido Comunista, ante los medios de difusión desautorizaban al candidato a presidente y afirmaban terminantemente que no lo sería.

Pero lo que resulta una seria carencia en la discusión política, es que parecería que creemos que se parte de cero en una contienda entre proyectos diferentes, y olvidamos que detrás de los candidatos, tanto a presidente como a legislador, existen partidos políticos, como instituciones colectivas necesarias para el funcionamiento de la democracia representativa.

Ello implica que los candidatos, cuando son electos, ya no asumen exclusivamente como representantes de la Nación, como ente abstracto, sino, además, como integrante de su partido político, pues su compromiso frente a sus electores es colectivo, como se revela y destaca en la hoja de votación con la mención del lema partidario, con candidatos.

Precisamente, por ese vínculo colectivo con su partido, todos y cada uno de los que actúan en el gobierno o en la oposición, no solo están obligados a cumplir con las “promesas electorales” que ellos mismos personalmente efectuaron, sino que les alcanza la responsabilidad por las conductas ajenas, de sus compañeros.

La democracia representativa no se agota en el procedimiento electoral. La “representación” de que nos habla la Constitución, implica, del lado de los electores, no solo el derecho a exigir a los elegidos el apego al respectivo “Programa de Principios” que debe publicarse, sino muchísimo más que eso, como es actuar con honestidad y pericia en el manejo de los bienes públicos y siempre con diligencia máxima en la gestión del gobierno o de la oposición, por supuesto, ante los fenómenos previsibles, pero también aún ante los imprevisibles, como una pandemia o una crisis externa.

En el escenario de la discusión de las propuestas a futuro y, actualmente de la discusión de cómo se gobierna sin mayorías en el Parlamento, el Frente parece haber logrado desprenderse de sus antecedentes y hacer “borrón y cuenta nueva”. Pero ¿es legítimo seleccionar cuál es el partido que deberá gobernarnos analizando exclusivamente las propuestas a futuro sin revisar su conducta anterior? No lo es.

Ninguna empresa contrata con otra que ha incumplido un vínculo contractual anterior.

Los partidos de la coalición exhiben sus principios -fundamentalmente el celo por la libertad, la democracia, los derechos humanos y la solidaridad con los más débiles- demostrados a lo largo de una historia más que centenaria, confirmada y no desmentida, en estos casi cinco años. En el Frente, carecen de pensamiento filosófico común, y balbucean incoherencias cuando se les reclama posturas claras en materia internacional o no saben cómo justificar sus conductas de colaboración con los militares en febrero de 1973 o la guerrilla urbana del MLN.

Pero en materia de honestidad y pericia en la gestión, durante los quince años en que gobernaron con mayoría parlamentaria, batieron récords de procesados por corrupción en los más altos cargos de gobierno y de despilfarros de los dineros públicos, fundiendo Ancap, organizando una oscura maniobra con Pluna o invirtiendo millones en una regasificadora sin destino.

Eso sí, en materia de organización funcional, solo para poner un ejemplo, en la Ley de Presupuesto de Mujica, incorporaron dos artículos, reiterados luego por un rosario de leyes que fueron todas declaradas inconstitucionales, con la exclusiva y pérfida finalidad de depreciar las retribuciones de todos los magistrados del país y de todos los funcionarios del Poder Judicial, para beneficiar -con ese dinero- a los cargos políticos y de particular confianza del gobierno, a quienes se les otorgó -de un saque, en 2011- un 26% de aumento, lo que generó y genera hasta ahora, incontables litigios.

Pero lo que más sorprende es que no se tengan en cuenta las graves y trascendentes omisiones del pasado frenteamplista de los quince años de mayoría parlamentaria y bonanza económica internacional. Todas son omisiones en dar solución a problemas serios para los uruguayos, que eran reconocidos como graves por los propios líderes de la “fuerza política”.

Así, en quince años de gobierno, no reformaron el sistema jubilatorio para evitar que colapsara y, luego de dar libertad de acción en el reciente plebiscito que era el anuncio de una catástrofe, ahora, con veinte años de retraso, proponen una “gran discusión pública” para analizar el tema; no reformaron la educación pública sabiendo que era imprescindible hacerlo para actualizarla a la sociedad del siglo XXI y ahora proponen devolverle el poder a las corporaciones que tanto daño le causaron; no hicieron la anunciada reforma del Estado que fue catalogada por Tabaré Vázquez como la “madre de todas las reformas” y ahora se oponen a la adecuación del régimen de licencias médicas, aunque esté demostrado que el anterior se prestaba a todo tipo de abusos.

Por esas razones, la contienda electoral del 24 de noviembre, deberá decidirse, no solo comparando propuestas y candidatos, sino, fundamentalmente, revisando con detalle en qué medida cada uno de los partidos que han ejercido el gobierno y lo pretenden ahora, demuestran ser “representantes” fiables, de acuerdo a su conducta pasada.