La Rendición de Cuentas 2022 revivió la discusión entre los que entienden que todo esfuerzo es insuficiente, y quienes, conscientes que no hay recursos ilimitados, plantean un aumento prudente de gastos.

Analistas serios han adelantado su opinión que en el contexto mundial actual y en la precariedad de nuestra economía, primero hay que ordenar las cuentas y luego pensar en otras necesidades. Con este razonamiento se condicionó la rebaja del IRPF e IASS al crecimiento futuro.

La duda es si realmente hay más espacio fiscal, y si es posible seguir esperando.

Con el enfoque anterior de “adentro de la caja”, la respuesta es no. Antes de la pandemia el país ya mostraba dificultades: años de estancamiento, déficit fiscal y deuda pública altas. La pandemia y guerra en Ucrania agravaron estos problemas. Tras la recuperación a niveles cercanos a la prepandemia, no sería razonable una política fiscal expansiva, más por la incertidumbre del contexto futuro.

Antes de mostrar otra visión, nos gustaría refrescar algunos datos. En los últimos 50 años nuestro crecimiento ha sido apenas superior al 2% anual, totalmente insuficiente. Hace 10 años que estamos estancados. Este magro desempeño no es mono causal, es imprescindible modificarlo, y para ello hay que trabajar simultáneamente en varias reformas estructurales que liberen el potencial de crecimiento que tenemos, para poder bajar la pobreza y desigualdad.

Hay otra mirada y es desde el “borde de la caja”. Hace un tiempo señalamos que es posible “crear” espacio fiscal eliminando exoneraciones de mala calidad. Se conocen como “Gasto Tributario”. El nombre es engañoso ya que -más que gasto- se trata de una renuncia a cobrar impuestos por parte del Estado.

Nuestro GT es muy alto (6,5% del PBI, el doble del promedio de LATAM), menos concentrado en bienes esenciales y, sesgado a incentivos a empresas. Algunos de estos apoyos no tienen fundamentos microeconómicos válidos y/o aplican a empresas internacionales cuyas casas matrices tributan por renta universal (nuestra exoneración la capta el fisco extranjero). Características indeseables todas, resumibles en tres palabras: ineficacia (bajo impacto en objetivos con sustento micro), ineficiencia (alto costo) y regresividad.

Este tema pasó desapercibido por la mayoría de los analistas económicos locales (salvo destacados técnicos de la DGI) y de casi todo el sistema político. No así de los organismos multilaterales, varios de los cuales (FMI, BID, Banco Mundial, CIAT) recomendaron su corrección (desde el 2013).

El costo fiscal de la pandemia llevó a muchos países a revisar su GT, poniendo las exoneraciones bajo estudio. Los avances tecnológicos colaboran con este proceso al permitir focalizarlas (antes no era posible) como es el caso del IVA Personalizado.

Deberíamos hacer lo mismo, aggiornando el sistema, manteniendo lo medular, que es mucho y bueno; y corrigiendo sus excesos, que los tiene. Los ahorros que se podrían liberar, si reducimos sólo un 2% del GT, serían US$ 1.100 millones por año disponibles para bajar o eliminar malos impuestos existentes. El potencial de mejoría en eficiencia sería alto: 4% del PBI entre malas exoneraciones y peores impuestos (la mitad en cada caso).

Si no cambiamos seguiremos con nuestro magro crecimiento tendencial y agravaremos nuestra ya alta emigración.

Decía Joseph Schumpeter, hace casi un siglo, “El espíritu de un pueblo, su estructura social, …todo esto y más está reflejado en su historia fiscal…las finanzas públicas y su manejo son uno de los mejores puntos de partida para la investigación de una sociedad”.

La conclusión que surgiría del estudio de nuestro sistema tributario es que es ineficiente, regresivo, poco solidario y muy orientado a los grandes capitales. Es innegable el sesgo de éste contra el factor trabajo y la capacidad de ahorro; y además que entre las empresas que generan empleo, terminan efectivamente pagando proporcionalmente mucho más las chicas (intensivas en mano de obra) que las grandes.

Para salir del círculo vicioso creado por el altísimo costo país y la baja creación de empleo en el que está nuestra economía, deberíamos recorrer el camino de racionalizar las exoneraciones, generando recursos para bajar los impuestos que frenan el crecimiento futuro.

Empezaríamos reduciendo los impuestos que gravan al trabajo y los que le quitan competitividad a nuestro aparato productivo. El IRPF con su bajo monto no imponible, estrechas “franjas” y altas tasas marginales es fuente de inequidad. La tributación (implícita, por sobreprecios) a la energía afecta negativamente nuestra castigada competitividad. También la tasa consular que cerró más nuestra economía. Que las empresas chicas terminen pagando más que las grandes no es recomendable, ni técnica ni políticamente.

Son muchos nuestros impuestos de mala calidad. El lado “positivo” es que da opciones.

El desafío es doble: técnico y político.

El técnico exige abandonar el “siempre se hizo así”, aceptar que la tecnología permite cambios que antes eran impensados. Con su habitual lucidez el Cr. Enrique Iglesias ha señalado que “más que una época de cambio, vivimos hoy un cambio de época”. En este mundo las “zonas de confort” perdieron su lugar. Debiéramos empezar ya por evaluar todas las exoneraciones y adaptarnos a la nueva realidad de la tributación internacional de las empresas por los compromisos acordados con 136 jurisdicciones.

El desafío político es vital. El cambio sugerido afecta derechos adquiridos. Animarse a hacerlo significa derivar recursos de las grandes empresas que son las menos y que menos los precisan, para beneficiar a las más chicas, que son más y quienes más los necesitan.