“El bien y el mal definen por penal” en la canción de la banda rockera Divididos que habla de “cuando la mentira es la verdad”.

En la Argentina dividida, la verdad de unos es la mentira de los otros y viceversa. Nadie habla para todos sino para los suyos. Nadie puede convencer de nada a nadie que no esté ya convencido de lo mismo. El discurso periodístico se volvió sermón y está dirigido exclusivamente a feligresías que quieren escuchar eso y sólo eso.

Para una de esas feligresías, Cristina Kirchner es una corrupta y no una perseguida política, mientras que, para la otra feligresía, la vicepresidenta es una perseguida política y no una corrupta.

A la persecución que describen unos la realiza un establishment poderoso a través del Poder Judicial, al que controla. Y a la corrupción que describen los otros la juzga de manera objetiva un Poder Judicial que lucha por su independencia, jaqueada desde el populismo corrupto.

En la realidad que los sermones no describen, las versiones contrapuestas exhiben mentiras y verdades. Los que sólo ven la corrupción kirchnerista, no ven otras parcelas de corrupción donde los protagonistas no sufren procesos judiciales. Y los que ven a una Cristina perseguida, no ven un esquema de corrupción gigantesco que nació con el gobierno de Néstor Kirchner y permaneció en funcionamiento en el primer gobierno que encabezó la actual vicepresidenta. Tampoco ven que ese esquema agigantó la fortuna del matrimonio patagónico.

En su extenso alegato, más que una defensa jurídica para probar inocencia, lo que hizo Cristina fue describir la existencia de la corrupción antes que Kirchner y ella llegaran al poder. También describió cómo el esquema de corrupción por el que piden para ella doce años de prisión, también benefició a la familia Macri y a íntimos amigos del líder del PRO.

Existiendo los hechos e impunidades descriptos por la acusada, tiene lógica la afirmación de que el proceso en su contra no es justicia contra corrupción, sino persecución. Sin embargo, esa verdad no la convierte en inocente ni convierte en verdadero su relato de lowfare. Los procesos judiciales no acosan sólo a dirigentes izquierdistas, como señala el relato. En Argentina estuvo detenido Carlos Menem, cuyo gobierno fue de centroderecha y liberal. Estuvo largo tiempo presa María Julia Alsogaray, exponente del conservadurismo de clase alta y funcionaria privatizadora en el menemismo, además de atravesar tortuosos viacrucis judiciales los radicales conservadores Eduardo Angeloz y Fernando de la Rúa.

También a escala continental existen suficientes casos para probar la falsedad de la afirmación de que sólo los gobernantes populistas de izquierda son procesados por corrupción. El economista que institucionalizó la economía liberal en Perú, Alejandro Toledo, no puede regresar al país porque va preso por el caso Odebrecht. Para evitar la cárcel se suicidó Alán García, continuador de la economía abierta que dejó Toledo, mientras que el liberal de centroderecha Pedro Pablo Kuzcinski fue destituido y procesado.

El emblema de la derecha colombiana, Alvaro Uribe, fue procesado por presunto soborno. El millonario neoliberal que gobernó Panamá, Ricardo Martinelli, fue detenido y entregado por Estados Unidos para que sea juzgado por corrupción en su país. El derechista que gobernó Guatemala, Otto Pérez Molina, está preso por corrupción. Y la lista continúa.

No obstante esta mentira, parece verdadero que en Argentina hay otros corruptos que la justicia no procesa. Eso es lo que denuncia la vicepresidenta, pero demandando equidad en la impunidad, en lugar de reclamar equidad en la justicia.

Si hay corruptos que no son procesados, es porque el establishment al que pertenecen controla las parcelas del sistema judicial que los mantienen impunes. La Justicia argentina no es impoluta, sino un campo de batalla entre sectores de poder que engloban empresas, medios de comunicación y dirigencias políticas y corporativas.

El kirchnerismo intentó colonizar el sistema judicial creando Justicia Legítima, una agrupación de jueces y fiscales que buscan bloquear procesamientos a los propios e impulsar procesamientos a los otros. Cristina estalló contra Alberto Fernández porque no ha hecho lo suficiente desde el gobierno que encabeza para que el kirchnerismo le gane territorio judicial al contrapoder. Visibilizan esta situación que los procesos en su contra avanzaran a pesar de gobernar la coalición que ella lidera.
Tampoco logró imponer en el Congreso la reforma judicial con que procuró revertir esa desventaja. Y cuando el proceso avanzó, le quedó esperar la acusación de los fiscales, para saber si venían por ella con el cuchillo entre los dientes, o si existen posibilidades de negociar pactos de impunidad.
Lo que dedujo del alegato del fiscal es que vienen por ella con el cuchillo entre los dientes. Por eso declaró “la madre de todas las batallas”.