Desde el inicio del gobierno, la izquierda en nuestro país ha intentado generar a nivel social y político un clima de tensión y disconformidad permanente. La estrategia es clara, promover desde lo discursivo un escenario de cuanto peor, mejor.

En poco más de dos años de gestión de la coalición multicolor, son múltiples los eventos que reflejan este actuar. Tal vez el hecho más simbólico, fue cuando durante el momento de mayor incertidumbr e en la pandemia, líderes sindicales y políticos de la oposición promovieron un cacerolazo contra el gobierno.

Pero la batalla cultural es de todos los días y no da tregua. El más reciente de estos impulsos, viene de la mano de dirigentes de la “Coordinadora Popular y Solidaria” de ollas populares (CPS), una organización en su origen social, que hoy busca marcar agenda con una intencionalidad política evidente.

En las últimas semanas, representantes de la “CPS” han reclamado públicamente por más recursos, agitando, otra vez, el fantasma del “Estado ausente”. Sin embargo, frente a la solicitud por parte de las autoridades del gobierno de la información que respalde el pedido, la respuesta de la organización ha sido el silencio y el ataque.

Aún reconociendo los enormes desafíos que existen en materia alimentaria en nuestro país en 2022, que responden fundamentalmente a causas estructurales, con parámetros de inseguridad alimentaria en años pre-pandemia similares a los actuales, la información disponible hoy es alentadora, particularmente en lo que tiene relación a las consecuencias particulares de la crisis por covid-19.

A través de diversas fuentes de información, como la disponible en el Sistema Nacional de Comedores, la ONG Uruguay Adelante o el Ministerio de Defensa, se refleja una caída en la demanda alimentaria de la población frente al Estado, que obviamente está en relación con la mejora en los indicadores económicos generales. A su vez, respaldan este análisis los números publicados por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que en un informe reciente destaca a Uruguay como líder en la región en seguridad alimentaria y como el país de Sudamérica donde menos impactó la pandemia.

En contraposición del relato que se busca instalar, los números demuestran que la actuación desde el gobierno, en cooperación con la sociedad civil, pudo paliar de manera adecuada las necesidades emergentes. Yendo más a fondo, y con el objetivo de atacar los déficits estructurales en cuestiones alimentarias, el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de Alimentación proyectan para el 2023 una propuesta para mejorar la seguridad alimentaria priorizando la asistencia a grupos de alta vulnerabilidad. ¿Estado ausente?

Frente al falso relato, los hechos reflejan que se están desarrollando y proyectando acciones sociales necesarias, de una manera sostenible, responsable y focalizada. Los resultados en la calidad de vida de los uruguayos, finalmente, hablarán más claro que cualquier relato.

En un mundo con desafíos cada vez más complejos, quienes ocupan espacios de liderazgo social y político deben ser fieles a la verdad y la información. Transitemos los debates con la honestidad intelectual que todos los uruguayos nos merecemos. No todo vale en política.