Las promesas políticas muchas veces suelen ser sólo eso, en particular cuando se trata de temas estructurales, de fondo.

Cuando el presidente Lula asumió su actual mandato a comienzos de 2023, reafirmó una promesa de campaña que, sin duda, cuenta con casi la unanimidad de los apoyos: cuidar la Amazonía, decía él “… porque significa cuidar la vida”.

A dos años de gestión, muy lejos está de haber cumplido con la palabra dada.

En el año que acaba de concluir se confirmaron más de 55 mil incendios en el gran bioma del planeta; un 80% más que el año anterior.

La ocurrencia de una sequía extrema se aprovechó para incentivar incendios forestales fuera de control en varios estados amazónicos; y también en el Pantanal y el Cerrado brasileño.

Estremecen los datos proporcionados por el Programa Queimadas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE). Los incendios han sido un 38% superiores a la media de los 10 años anteriores.

El cambio climático y “El Niño” instalaron una situación de aguda sequedad que ha sido aprovechada por los inescrupulosos de siempre, para promover incendios por doquier y, de esa manera, “ganar” tierras para usos productivos convencionales, lo que está prohibido por las leyes vigentes; queriendo disfrazar la situación, como si fuera consecuencia de eventos naturales.

Hablamos de una manipulación ilegal en el cambio del uso de la tierra, que es posible a esta asombrosa escala por la ausencia de controles de las autoridades, y de la falta de compromisos de los gobiernos y de las instituciones que tienen la responsabilidad de velar por su conservación.

Ante este desmadre, el Gobierno Federal intenta salvar su imagen ante la opinión pública, recurriendo a una tibia y estéril reacción, anunciando que concentrará la lucha contra los incendios, mejorando las acciones de monitoreo, destinando más recursos, prometiendo ampliar las áreas naturales protegidas y territorio indígenas.

Está claro que en esta lucha priman los intereses privados a lo largo y ancho de los estados amazónicos brasileños. Para que ello sea posible, necesariamente deben contar con la complacencia de los gobiernos locales.

La quema de la selva se produce tanto en tierras privadas como en áreas protegidas y territorios indígenas.

La importancia ambiental de la Amazonía es extraordinaria y bien conocida. Basta recordar que incide, directa e indirectamente, en el sistema hidrológico de buena parte del subcontinente sudamericano, incluyendo a nuestro país. Por lo tanto lo que allá acontece, acá tiene consecuencias.

Los llamados “ríos voladores” operan por los corredores atmosféricos transportando agua a más de 3 mil kilómetros de su fuerte: la evaporación de la gigantesca selva amazónica.

Debido a los incontables incendios esos “ríos voladores” también transportan cenizas y partículas suspendidas, produciendo enormes flujos de humo.

La situación es crítica y lo seguirá siendo mientras las autoridades no se tomen en serio sus responsabilidades con contralor y represión.

El presidente Lula prometió frenar la deforestación y confiscar tierras a los propietarios que talan la selva. Y por si fuera poco, también que erradicará la deforestación en el 2030. ¿Cómo alguien puede tomar en serio una promesa de tal envergadura?

Lo concreto es que la situación lejos de mejorar se agudiza y nadie se hace responsable.