En el cuarto piso del edificio de la redacción de El País hay una sala de reuniones, de aspecto formal, venerable, aunque de estilo quizás algo pasado de moda. Allí, en una biblioteca al costado hay desde hace décadas una foto peculiar. Debe ser de mediados de los 80, tal vez un poco más, pero en ella posa una veintena de personas, veteranos editorialistas, junto con una nueva camada de columnistas jóvenes, que venían a renovar el plantel (y el planteo) ideológico para el período posdictadura.

Entre ellos destaca por su “look” formal, serio, con esa gomina implacable, Juan Andrés Ramírez. La imagen es llamativa, porque hay un contraste frontal entre esa imagen intimidante de Juan Andrés, y una sonrisa muy amplia, que no pega con el resto del personaje. En los primeros contactos personales, debo admitir que nos quedábamos con la primera parte del personaje. En los últimos años pudimos comprobar que el mismo se definía mejor por la sonrisa, ya que el diálogo era cálido y gentil al extremo.

Los últimos intercambios, con Juan Andrés ya enfermo, tuvieron que ver con una serie de columnas que escribió sobre la reforma de la seguridad social, tema que lo preocupaba al extremo. Incluso en ese momento vital tan aciago, su inquietud principal era el futuro del país y la lucha de ideas.

El día de la noticia de su muerte, estábamos en ese coloquio que comentábamos la semana pasada, donde el expresidente Sanguinetti narró su visión de la transición a la democracia en Uruguay. Y, como suele hacer, apeló a ese planteo de Max Weber sobre la diferencia entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, que podríamos definir de forma muy llana con eso de que “lo mejor es enemigo de lo bueno”.

El planteo de Sanguinetti no es inocente. Según su visión, el Partido Colorado ha sido siempre el partido pragmático, que lograba que las cosas pasen, mientras que los blancos son más bien unos locos pasionales que dicen cosas lindas, pero que suelen reventarse contra el muro de la realidad.

En el caso de Juan Andrés Ramírez, en el acierto o en el error, la ética de la convicción siempre estuvo por encima de otras consideraciones. Difícil negarlo.

Pensábamos en eso cuando leíamos en Búsqueda una nota sin firma en la cual el intendente de Montevideo, tal vez el segundo cargo político más relevante del país, amenazaba “prender el ventilador” contra su propio partido, porque le estaban haciendo mucho pamento por la contratación de una joven periodista deportiva como asesora personal en temas de comunicación institucional. Poco importa aquí la calificación de la señorita para tal cargo, o que el salario estuviera muy por encima de lo que paga el mercado.

Lo que nos llamó la atención fue que así, como al pasar, la nota pone sobre la mesa una serie de nombres muy propios, de gente a la que la intendencia de Montevideo le paga el sueldo, pero que trabajan en otros lados, en el marco de esa herramienta tan bastardeada que es el llamado “pase en comisión”.

Sorprenden las cifras, como una asesora personal de la actual vicepresidenta Cosse que cuesta a los montevideanos más de 250 mil pesos al mes (más que el comandante del Ejército a cifras de 2024). O un experiodista que lleva casi una década circulando por organismos públicos y tuiteando a cambio de 187 mil pesos por mes, que también pagan los montevideanos.

Pero el tema del vínculo entre periodistas y gobierno seguramente ameritará una columna en específico en breve, así que no vamos a profundizar mucho más ahora.

También es muy llamativo que la información, que de manera casual distribuye el intendente enojado, enfoque estos gastos casi exclusivamente en el entorno de su predecesora Carolina Cosse. Porque más allá de abusos notorios, esta herramienta la usan todos.

Y no es que sea una herramienta que esté mal de por si. En un país donde hay casi 300 mil funcionarios públicos, la idea de que la política pueda apelar a algunos de ellos para roles de asesores técnicos especializados, en vez de tener que darles más plata para que los contraten, parece racional. El problema es que los abusos ya son chocantes.

Según titulaba ayer este diario, solo en el Parlamento hay más de 500 personas, empleados públicos, que están en régimen de “pase en comisión”. Y, por lo que dejó en evidencia el escándalo de la periodista deportiva en Montevideo, ya ni siquiera son solo funcionarios de carrera, sino que aplica también a contratados eventuales. Ni hablar del tema de las remuneraciones, que en los casos mencionados, triplican el valor que el mercado da a esa función.

Es que, sin ponernos nostálgicos, parece que hay principios o valores que para nuestra política actual hoy lucen venerables, formales pero pasados de moda. Como esa sala en el cuarto piso de El País. Como la trayectoria política de figuras como Juan Andrés Ramírez. Lamentablemente.