El presidente Lula dijo en una entrevista que Maduro es un asunto de Venezuela. “Tenemos que tener mucho cuidado -opinó- cuando lidiamos con otros países y otros presidentes. Yo creo que Maduro es un problema de Venezuela, no es un problema de Brasil”. Lula agregó: “No puedo continuar preocupándome. Un día pelearme con Nicaragua, otro con Venezuela, otro pelearme con no sé quién”.

Las afirmaciones de Lula fueron bien recibidas por Maduro. Este, magnánimo, declaró que había sido “una reflexión sabia de Lula. Punto a favor de Lula”. “Estoy de acuerdo con Lula -dijo-. Cada país tiene que buscar la manera de resolver sus asuntos, sus conflictos, sus problemas. Brasil con sus instituciones y su dinámica nacional, soberana y Venezuela con sus instituciones y nuestra dinámica también soberana”.

No es una novedad que las dictaduras invoquen los legítimos principios de la soberanía exclusiva de los Estados, no intervención y de voluntad popular para defenderse de las críticas y censuras de otros países u organismos internacionales.

Sin embargo, los Estados no gozan de una soberanía absoluta. Se encuentran sujetos al Derecho Internacional consuetudinario y convencional vigente. A lo que se suman una estructura de principios (como las Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales) que, sin contar con el mismo efecto obligatorio jurídico, tienen un enorme peso moral y político.

Ese sistema genera derechos y obligaciones para cada Estado. Venezuela es miembro de las Naciones Unidas y es parte de varias convenciones sobre derechos humanos (aunque ha evadido algunas, como el sistema interamericano). La “dinámica soberana” de Venezuela no significa la impunidad total. Cada Estado debe ajustarse a aquel marco jurídico y los demás Estados tienen todo el derecho de exigirle que así lo haga.

Y no solo por consideraciones éticas o legales, sino también por buenas razones políticas.

Una de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial fue que, como afirma el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

La propia dictadura venezolana reconoció, implícitamente, el principio de que la tutela de los derechos humanos no es un asunto exclusivamente interno, al emprender el proceso de diálogo político que culminó en el Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos suscrito en Barbados el año pasado. Acuerdo que Maduro ha incumplido olímpicamente.

Incluso, aunque se aceptara la tesis extrema de la soberanía territorial, esta tendría dos facetas: la primera son los derechos exclusivos de cada Estado dentro de su territorio. La Segunda es el deber simétrico de cada Estado de no interferir en los asuntos internos de los demás Estados. Y está claro que la conducta de la dictadura venezolana tiene fuertes impactos en la seguridad, la economía y la sociedad de los demás. Basta mencionar, como un ejemplo, entre otros, el impacto de la masiva emigración provocada por la dictadura de Maduro.