El “Fisco” no es una estadística, algo abstracto: es la caja de todos, es el dinero del público, que maneja el gobierno para priorizar políticas públicas pero que es de todos. Manejar esa caja es una alta responsabilidad, y desde el retorno a la democracia, la profesionalidad del manejo macroeconómico ha trascendido gobiernos y partidos y eso es un activo de Uruguay, que es valorado en el mundo.

No es casualidad que el “riego país” de Uruguay sea el menor de América Latina y ya esté en valores muy similares al de Nueva Zelanda.

Tampoco es casualidad que Uruguay tenga “grado inversor” con todas las agencias especializadas globales y además cuente con la mejor calificación de riesgo de su historia. Uruguay alcanzó el grado inversor por primera vez en 1997 como consecuencia de la Reforma Previsional que comenzó a regir en 1996; lo perdió con la triple crisis de 2002 (cambiaria, bancaria y de deuda) y lo recuperó recién en 2013 tras una década de fuerte crecimiento. En 2023 se pudo subir nuevos escalones, gracias a una nueva reforma jubilatoria. El control del gasto es la clave.

El contraste con Argentina es ilustrativo: en los últimos 20 años su gasto público creció de 30% a 45% del PBI, mientras en Uruguay, durante el mismo período (en el que pasaron los principales partidos por el gobierno), se mantuvo cerca del 30% del PBI.

¿Qué ha pasado en los últimos doce meses cerrados a octubre con el gasto público? La respuesta es simple: los datos oficiales son claros. El gasto creció 4% en términos reales impulsado por tres motores de intensidad similar: aumento de inversión en infraestructura vial (MTOP) y Vivienda; incremento de transferencias (Asignaciones Familiares, Seguro de enfermedad); suba de sueldos y pasividades (jubilaciones indexadas por Constitución). ¿Cuáles son las perspectivas fiscales? La respuesta genera debate y confusiones.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, opinó sobre el tema en la entrevista del pasado domingo en estas páginas y agregó: “Munyo habló de que en los próximos meses se iba a deteriorar el resultado fiscal y en realidad no nos podemos guiar por el resultado cerrado (en 12 meses) a octubre”

Importa aclarar el punto, porque hace referencia a una afirmación imprecisa: nunca hice referencia al déficit de cierre de 2023 y menos a factores circunstanciales que puedan mitigarlo o empeorarlo en el corto plazo. Lo que sí dije el pasado 28 de noviembre en el Desayuno de Ceres y en más de una docena de entrevistas posteriores, es que el próximo gobierno asumirá sin margen fiscal para subir el gasto, y que tampoco tendrá margen para aumentar impuestos. No hablé de “los próximos meses”, porque mi alusión era mucho más amplia que el dato fiscal de 2023 o 2024. No hice una evaluación sobre la gestión mensual del déficit fiscal sino sobre los desafíos fiscales hacia adelante, con todo lo que ello implica en materia de políticas públicas.

El compromiso con la disciplina fiscal es un valor incorporado en todos los partidos políticos con pretensión de gobierno, y el manejo macroeconómico como Política de Estado es valorado positivamente por inversores y agencias globales. Desde 1985, todos los ministros de Economía y Finanzas han “dejado la vida” por la causa y así lo harán los que vengan en el futuro. La credibilidad fiscal es un activo muy valioso para Uruguay.