En nuestra sociedad se advierte un déficit de comprensión en lo referente a la importancia que tiene contar con un sistema nacional de áreas protegidas.

No hemos superado aquel primer escalón que visualiza esta posibilidad como una respuesta directa a elementos estrictamente emocionales. Esta miopía impide centrarnos en el árbol y no considerar el bosque.

Está ampliamente demostrado que la conservación es la estrategia más sensata, inteligente y conveniente a seguir en procura del mejor desarrollo humano.

Tanto la ciencia, la praxis como el sentido común desde hace tiempo avalan la noción de desarrollo sustentable como la vía correcta para alcanzar el bienestar social.

El hecho de que Uruguay disponga del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) significa que está alineado con esa estrategia.

Hasta ahora incluye 18 áreas que cubren unas 340 mil hectáreas (terrestres y marinas), e involucra a 13 departamentos. En términos cuantitativos es muy poco: solo el 1.06% del territorio nacional (a nivel planetario el 15% de su superficie está protegida). Pero hay que decir que a pesar de ello, la selección realizada hasta ahora ha sido buena porque incluye el 100% de ecorregiones y unidades de paisajes integradas significativas; 51% de los ecosistemas amenazados integrados, y 45% de especies prioritarias para la conservación allí representadas.

Atribuimos a la desinformación la principal explicación de por qué parece predominar una mirada desconfiada sobre el valor de las áreas protegidas.

En un país esencialmente agropecuario como el nuestro, la sola idea de que un área sea declarada protegida parece tener connotaciones negativas para sus propietarios y administradores. Creemos que se confunden los conceptos: conservación y preservación. El primero involucra el uso sustentable del ambiente (compatibilizando actividades productivas con cuidado natural), y el segundo implica no tocar o alterar un ecosistema debido a que sus elevados valores en biodiversidad se hallan en un estado extremo de fragilidad, al punto de estar al borde de la desaparición. Son estrategias con objetivos muy diferentes.

La realidad nacional es muy singular, ya que la inmensa mayoría del territorio está en manos de particulares. Por lo tanto, las actuales y futuras áreas naturales protegidas incluirán propiedad privada. El principal ecosistema nacional a proteger es el pastizal templado al que llamamos campo natural. Es uno de los biomas más amenazados del planeta, y de enorme importancia para el equilibrio ambiental. Hoy en Uruguay ocupa el 60%, y vive un proceso de retroceso paulatino debido a la agricultura y la forestación.

En cambio la ganadería y la conservación de la biodiversidad nacional, son perfectamente compatibles. Incluso la pecuaria puede ayudar a la recuperación de muchos campos naturales y su cultura asociada, simplemente evitando acciones negativas como el sobrepastoreo, la introducción de especies exóticas invasoras como algunas gramíneas o la alteración extrema en zonas de bañados, monte nativo, etc. Queda claro que se debe imponer este criterio a escala nacional, sin necesidad de recurrir necesariamente a la declaración de áreas protegidas.

El desarrollo sustentable nacional demanda de una conciencia general convencida del valor de la conservación, y de una estrategia institucional moderna y comprometida.