Las revelaciones de Lucía Topolansky estampadas en un reciente libro y ratificadas por José Mujica, han generado una serie de manifestaciones, desde diferentes instituciones y colectivos, todas realizadas con el mismo afán de tratar de “minimizar los daños”, desdibujar el fondo de la cuestión y soslayar su extrema gravedad.

Lo cierto es que muy lejos de ser, en sí mismo, un episodio intrascendente, el mismo luego implicó varios hechos que revelan conductas -o mejor, inconductas- que son muy graves desde el punto de vista de la moral política.

Así, a la gravedad de los hechos denunciados por Topolansky y Mujica, se le debe agregar la gravedad de la conducta de los denunciantes, la gravedad de la resolución de la Mesa Política del Frente Amplio y, finalmente, la gravedad del silencio prácticamente unánime del universo de los dirigentes y militantes de la “fuerza política”.

Comencemos destacando que quienes realizaron las revelaciones fueron nada menos que los dos y únicos referentes políticos de peso en el Frente Amplio, dentro y fuera de fronteras, que se encuentran muy por encima del resto de los actuales dirigentes -incluyendo al presidente electo- y que, seguramente por eso, nadie osó imputar falsedad a sus dichos tratando de mentirosos a los autores, ni tampoco atribuirles segundas intenciones o un error de percepción de los hechos denunciados.

Por lo tanto, partimos de una base firme: que es cierto que Topolansky y Mujica, constataron, por su trato directo con los implicados, que en los procesos por crímenes de lesa humanidad existieron casos en que determinados sectores de la izquierda vernácula fraguaron pruebas para inculpar a los que querían encarcelar.

El relato se complementa cuando manifiestan que los Tupamaros se negaron a presentar denuncias falsas o a prestar falso testimonio como se les reclamaba desde otros grupos. Asimismo, como surge de los dichos de Mujica, no fue un solo caso aislado, ya que la salvedad que hace es que no fue un fenómeno “generalizado” y que esas denuncias falsas y pruebas fraudulentas se produjeron porque había mucho “odio y dolor” de parte de los denunciantes.

Y bien, el conjunto de conductas relatadas, desde el Derecho Penal, enmarcan claramente en los delitos de “simulación de delito” (art. 179 del C. P.), “falso testimonio agravado” por realizarse en causa criminal con sentencia de condena (arts. 180 y 182 n.º 1 del C. P.), “privación de libertad”.

(Art. 281 del C. P.) y, eventualmente, “asociación para delinquir” (art. 150 del C. P.).

Desde el punto de vista de la moral política, se trata de un fraude reiterado, engañando a los jueces y fiscales, desnaturalizando así la función de la Justicia -uno de los pilares del Estado de Derecho- para utilizarla con fines espurios.

En cuanto a la conducta de Topolansky y Mujica, que revelaron tardíamente la existencia de esos juicios penales fraudulentos, orquestados por sectores políticos que integran la izquierda, omitiendo denunciar oportunamente esos ilícitos, es reprochable por su gravedad.

Pues, aun cuando legalmente no tuvieran la obligación de denunciar los hechos, desde el punto de vista moral y político, habida cuenta del indiscutible poder personal e institucional de ambos, es inexcusable no haber impedido que se consumaran los hecho ilícitos y que ahora dan a la luz pública.

La declaración de la Mesa Política, no les va en zaga y su conducta también es seriamente reprochable desde la moral política.

Frente a un episodio de esta magnitud, debió “tomar el toro por las guampas” y adoptar una posición clara, donde sólo tenía esta opción: o bien, sostener que lo afirmado por Topolansky y Mujica era falso, que no existía la posibilidad de que se hubiera utilizado el proceso penal y el Poder Judicial para fraguar delitos, condenando y encarcelando -sin pruebas- a algún individuo, o bien, escandalizarse -como debían- con esa aberrante realidad denunciada por los dos máximos referentes del Frente Amplio, y reclamar que se abriera una investigación profunda tanto a nivel judicial como nivel político, para -en ambos ámbitos- responsabilizar a los culpables y sanear su interna.

En vez de hacerlo, luego de comenzar diciendo: “Ante los recientes trascendidos de prensa, el Frente Amplio considera imprescindible expresar su posición con claridad”, no expresa ninguna y sólo se refiere al tema de los desaparecidos como si los “trascendidos de prensa” (que son en realidad los dichos de Topolansky y Mujica) nunca hubieran existido.

Para cerrar la resolución, la Mesa Política expresa: “Asimismo ratificamos la confianza en los procesos de la Justicia en materia de derechos humanos, particularmente, el trabajo de la Fiscalía especializada y exhortamos nuevamente a que quienes tengan información la vuelquen en los ámbitos que correspondan”.

Nadie se equivoque y se haga la ilusión de que la última frase trasluce una exhortación dirigida a los que conozcan el fraude procesal revelado por Topolansky y Mujica, para que se presenten ante la Justicia, con el fin de sancionar a los que lo cometieron y liberar a los indebidamente privados de libertad. El adverbio “nuevamente” indica que la exhortación que allí menciona y reitera la Mesa Política es anterior en el tiempo a los “trascendidos de prensa” y a toda suposición de que hubo fraude procesal con pruebas falsas.

En suma: a la Mesa Política no le preocupa ni le inquieta la salud institucional de nuestra Justicia Penal, ni la denunciada conducta delictiva de sectores de la “fuerza política” ni los derechos humanos, cuando las víctimas no son individuos de su “palo”.

Por último, volvamos a la precisión inicial: los que revelaron la existencia de una trama urdida por ciertos grupos de la izquierda para obtener fraudulentamente condenas por delitos de lesa humanidad, utilizando denuncias falsas o testigos falsos. Fueron nada menos que los dos dirigentes históricos de mayor prestigio de todo el Frente Amplio, y nadie tachó de falsedad sus dichos.

Lo denunciado es de tal gravedad, que ameritaba una reacción inmediata en defensa del Derecho y las instituciones.

En lugar de hacerlo, la Mesa Política sacó una declaración anodina, sin decir nada sobre el fondo de lo denunciado, esperando -sin respirar- que pase la ola y las aguas vuelvan a un nivel de aceptable respirabilidad.

Todo lo ocurrido es muy grave, pero quizá lo peor sea el silencio sepulcral que le ha seguido.

Institucionalmente, ningún otro órgano del Frente se ha expedido públicamente ni ningún partido o grupo integrante del lema o dirigente de cierto predicamento se han demostrado escandalizados, reclamando medidas en defensa del Derecho -en particular-, el Poder Judicial y los derechos humanos vulnerados.