Cuando trabajamos en la reforma de los Estatutos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, unos clubes propusieron poder controlar a quién votó su delegado.

En el nuevo Estatuto se establecía el voto secreto como una de las garantías esenciales. Un par de entidades se negaban a esto “porqué los delegados no siempre votan lo que se les mandata”.

Tratando de contemplarlos propuse el “voto secreto pero controlado”. Es decir, el sufragio sería secreto pero permanecería en un sobre que solo la entidad votante podía abrir. Así sabría si su representante dio cumplimiento a la voluntad ordenada.

Al explicarle a un abogado suizo esta novedosa figura que se me ocurrió me preguntó el motivo por el que la proponía. Respondí que era porque muchas veces el delegado no votaba de conformidad con lo que le había instruido su mandante. Con lógica suiza, el letrado me dijo: “Pues entonces, qué cambien de delegado”.

La propuesta quedó desechada.

En el Uruguay somos muy afectos a las regulaciones que transfieren a otros el problema que tenemos.

Una muestra son las actividades que deben desarrollar los privados para controlar el origen del dinero. Esto se le exige a los bancos lo que es bastante lógico (tienen las capacidades para hacerlo y es su negocio).

Con el tiempo las leyes sumaron otros obligados como los escribanos, las inmobiliarias, empresas y agentes. Como el Estado que es quien debe cuidarnos a todos de que no existan lavadores de dinero fracasa en hacerlo, le pasamos la obligación (y su costo) a los privados.

Esto tiene su antecedente en la figura del agente de retención del derecho tributario. Como era complicado y costoso para el Estado recaudar de muchos contribuyentes el pago de impuestos, se obligó a determinadas personas que retengan pagos, cobren y viertan a las rentas nacionales. Es decir, se estableció por ley un cobrador de impuestos que trabaja en forma gratuita para el Estado.

Ese avance sobre los ciudadanos se ve en las regulaciones para asegurar que no exista posición dominante en el mercado. Como existe el problema de que alguno quiera evitar competencia o asegurarse mercados de forma abusiva la fórmula que se aplica es prohibir a otros actores participar.

Eso es especialmente malo en un mercado pequeño como el nuestro en el que en muchas actividades no hay espacio para varias empresas porque los costos fijos y la demanda no lo permiten.

En esos casos, el primer reflejo es regular. No es dejar que sea el particular quien evalúe de acuerdo con su real saber y entender si existirá demanda suficiente para la inversión que realizará. No. Se sustituye el riesgo privado por la decisión pública. Pasó con los IMAE.

También están los que pretenden a través de la regulación la pervivencia del pago por servicios que ya no se necesitan. Pasó allá por los noventa con los Corredores de Cambio. Desde el Ministerio de Economía se resolvió dejar de exigir una inscripción de operaciones en el BROU que solo podían realizar estos. Era un trámite que había quedado obsoleto y no era necesario.

Aún recuerdo las marchas exigiendo que no se dejara sin efecto algo que no se necesitaba para así asegurar la fuente de trabajo. Es decir, había que seguir pagando a alguien por algo que no tenía utilidad.

Sucedió con los mozos de cordel en los puertos. Antes, cuando la gente viajaba al exterior en barco, era necesario contar con personas que cargaran y descargaran los equipajes. Se viajaba con grandes baúles porque por lo general las travesías eran por mucho tiempo. Hoy se viaja con carry-ons y poco equipaje, en especial en el transporte marítimo que en su mayoría es a Buenos Aires. Además hay cintas automáticas para el equipaje.

Para importar lentes de sol se requiere estar inscripto en un registro y cumplir determinadas normas de control. Ahora si uno viaja y se los compra en el free shop los ingresa dentro de la franquicia sin problemas. Eso también sucede con productos como suplementos alimenticios, tecnología y más. Por más que estén autorizados por agencias y gobiernos de otros países se exigen trámites y se regula su ingreso.

Todas estas regulaciones tienen dos efectos: en primer lugar fomentan la ilegalidad al establecer condiciones innecesarias para el objetivo que se persigue. En segundo, lo más grave, benefician a unos pocos en detrimento de la competencia, los ciudadanos y la economía.

Esta es herencia del viejo sistema español que regulaba todo y de esa forma beneficiaba a la Corona con derechos de introducción y extracción. Ese sistema contra el que luchó el propio Artigas que veía en la libertad de comerciar uno de los pilares de la riqueza del país.

A tal extremo que en 1817 celebró con Inglaterra, en Purificación, un tratado de libertad de comercio y navegación, principios que perduran hasta hoy en nuestra política internacional.

El desafío, pasado el debate sobre la LUC, es soltar las amarras de las regulaciones, incentivar la inversión privada y convertir al Uruguay en el mejor país de América del Sur.