Nos acercamos a la definición de un tema que ha generado mucha polémica y que atañe, de una forma u otra, a toda la sociedad.

Al fallar la justicia a favor de los herederos de Lussich, en el litigio de propiedad de seis padrones ubicados a ambos lados de la espectacular Ruta Panorámica de la Ballena, sus legítimos dueños proyectan la construcción de un complejo residencial que incluirá 29 edificios con sus servicios e infraestructuras asociadas (320 unidades de vivienda),

Son unos 162 mil metros cuadrados que serán intervenidos, modificando drásticamente la situación ambiental y paisajística de Punta Ballena. Desde luego el proyecto generó una reacción contraria a su aprobación proveniente de sectores de la sociedad civil y de algunos ámbitos académicos.

Si bien las construcciones previstas por los privados no prevén eliminar la circulación por la Ruta Panorámica, queda claro que la alteración paisajística ocasionada será muy evidente, con una pérdida significativa de su actual belleza natural. Está claro que si el proyecto de urbanización cumple con el marco legal regulatorio vigente, va a tener luz verde.

Pero el Ministerio de Ambiente, que estudió a fondo la propuesta, produjo informes técnicos contrarios, recomendando que no se extienda la Autorización Ambiental Previa -requisito ineludible para que avance. Las razones son varias. Desde el punto de vista de la conservación de la diversidad biológica nacional, el complejo residencial afectaría de manera directa la supervivencia de algunas especies endémicas (únicas) que allí prosperan, especialmente de la asociación vegetal conocida como el herbazal rupícola costero, tan típico del lugar. Mientras que en el terreno jurídico las objeciones surgen vinculadas a aspectos de la cesión de la faja de costa, si se realizan los fraccionamientos previstos.

A todo ello se le suma el pedido al Poder Ejecutivo de declarar área natural protegida a Punta Ballena -expediente respaldado por miles de firmas-; algo que resultó llamativo porque a lo largo de muchos años a nadie se le ocurrió proponerla para ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de nuestro país -incluidos los servicios técnicos especializados en la materia-, aunque se sabía que incluía biodiversidad particularmente prioritaria para su conservación. Este interés cambió cuando sonó la alarma pública al anunciarse lo que se proyectaba construir en la península. Desde luego, si prosperara la inclusión de Punta Ballena al SNAP, no tendría andamiento el complejo residencial previsto.

Como vemos son vías separadas que parecen conducir el asunto hacia la no autorización del emprendimiento urbanístico, sin embargo hay que señalar que la última palabra la tiene el ministro de Ambiente.

Significa que la decisión final es política y no técnica. Pero, si así ocurriera, se produciría un divorcio muy inconveniente en el funcionamiento de esa secretaría de Estado, tomando en cuenta que se trata de un ministerio esencialmente técnico en el cual se apoya el Ejecutivo.

Además se vería como una contradicción en la vigorosa política del gobierno en favor del desarrollo sustentable, que tanto reconocimiento internacional le ha valido.