En toda sociedad hay personas que por sus circunstancias personales o de su familia o incluso del país, han quedado en situación de dificultades de distinta índole para su normal desarrollo e inclusión.

Es natural que la sociedad, tanto desde lo privado como lo público, asuma como una obligación colaborar a que exista equidad entre las personas que la integran y para ello la salud, incluyendo la alimentación, la educación y la vivienda con la infraestructura necesaria para ella son aspectos clave de intervención del Estado.

En ello parece haber consenso, no sólo dentro de los partidos políticos, sino también entre los ciudadanos y habitantes de la República.

Es muy importante cómo llega el apoyo a las personas y las familias, de modo de no afectar la dignidad de las personas ni el acostumbramiento y evitando que el Estado, en el camino, haga que los recursos se pierdan en intermediarios o ineficiencias.

Es claro que lo que se da a unos no beneficiará a otros, es más, se sustraerán recursos de personas para quienes si bien no alcanzan a los subsidios, padecen el efecto de los impuestos que minimizan sus posibilidades para su núcleo familiar. Esto no puede ignorarse a la hora de establecer gravámenes o impuestos.

Sería importante que los subsidios tuvieran como objetivo el desarrollo de los niños y que no fueran dirigidos a adultos con capacidad de trabajar. Esto último es lo que genera dependencia del Estado, pérdida de la cultura del trabajo y un pésimo ejemplo para las generaciones futuras. Es por este motivo que las transferencias de recursos en dinero no son aconsejables, salvo en situaciones de crisis graves.

A los menores el mayor impulso que se les puede dar es la educación, el mayor esfuerzo que se pueda hacer para establecer escuelas de doble horario con alimentación es no solo aconsejable para los niños sino también para las madres que, en ese horario podrán trabajar.

En cuanto a la etapa del secundario sería muy bueno incorporar habilidades que permitan la rápida inserción laboral, lo cual tiene como ventaja adicional evitar que los jóvenes tengan tiempo ocioso en exceso con las pésimas consecuencias que todos sabemos que ello conlleva.

Las políticas sociales deben promover e impulsar la cultura del trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad, lo que seguramente derive en promoción y orgullo de la persona a la que se impulsa y no se afecte su dignidad.

Los recursos económicos son necesarios para una sociedad más educada y con posibilidades de desarrollo, pero mucho más importante es que las personas se sientan parte de la sociedad en la que viven y para eso deben sentir que sus logros, si bien precisan de ayuda, lo son propios derivados de su esfuerzo.

El asistencialismo que crea dependencia, el que está basado en el dar sin contrapartida sólo produce estancamiento de quien lo recibe.

Como país debemos delinear políticas que enaltezcan los individuos que habitan en él, promoviendo una sociedad sana e integrada, donde cada uno desarrolle su actividad e intente generar para las siguientes generaciones la cultura del autosustento y entendiendo que la solidaridad jamás debe afectar la dignidad de las personas.