Los sucesos en Venezuela son el producto de un proceso de años que se remonta a la época de Chávez. Gradualmente el régimen ha abandonado las pocas trazas de libertad y democracia que existían para, finalmente, demostrar su verdadera naturaleza. Es una dictadura lisa y llana cuya brutalidad se incrementa a medida que decae a su popularidad y apoyo social. En todo proceso político existen acontecimientos clave que definen el camino de la historia. El fraude electoral ejecutado, deliberada y fríamente, por el régimen es uno de ellos. La diferencia con otros casos similares es que, esta vez, la inteligencia y coraje con que actuó la oposición democrática expuso la maniobra. A pesar de ello, la dictadura, persiste, impertérrita.

Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos han arreciado. También la persecución de la oposición, el creciente número de presos políticos y el cinismo y la maldad de que hace gala la nomenklatura bolivariana. Para no mencionar su estridencia e insultos.

El fraude electoral en aquel país constituye una violación de los derechos humanos fundamentales de los venezolanos. En dos formas: directamente, porque ataca derechos básicos, como las libertades de expresión, de comunicación, y de la arbitrariedad del poder político; e indirectamente porque esas violaciones destruyen otros derechos humanos fundamentales y las garantías que deberían protegerlos.

Defender esos derechos es una cuestión de humanidad.

También es una obligación bajo el Derecho Internacional. La excepción de soberanía y de no intervención en los asuntos internos de los Estados no se aplica al caso de la tutela de los derechos humanos. Estos son protegidos, no solamente por el Derecho Internacional general, sino también por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y un sistema de resoluciones de la Asamblea General de esa organización, y tratados globales y regionales. Ese sistema impone dos tipos de obligaciones complementarias: el deber de cada Estado de tutelar debidamente los derechos humanos dentro de su territorio, y el derecho-deber de los demás Estados de exigir su cumplimiento.

Se podrá decir que el sistema de tutela de los Derechos Humanos es débil y que son muchos los incumplimientos. Pero, ¿significa esto que debemos renunciar a defenderlos en todos los casos? ¿Especialmente en el caso de lo que sucede en un país hermano, como Venezuela?

Finalmente, los demás Estados de la región tienen un interés directo en contribuir, dentro del Derecho Internacional, a que Venezuela retorne a la democracia. La dictadura de Maduro tiene impactos en los demás países de la región. Basta mencionar los vínculos con el narcotráfico, la interferencia en los asuntos internos de otros Estados (¿se acuerdan de Antonini Wilson y sus valijas?), y la emigración masiva de ciudadanos de ese país por motivos políticos o económicos.

El gobierno hace bien en condenar en diversos foros internacionales el fraude electoral y las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela.

Lo que sucede en ese país es un hecho político relevante y es legítimo y oportuno incluirlo tanto en la agenda de la política exterior como en la agenda de la discusión pública interna. Especialmente cuando nos aproximamos a las elecciones de octubre.