En compromiso sin plan es como una promesa sin proyecto. Cada comienzo de período de gobierno es también el comienzo de una oportunidad. En educación, esa oportunidad está establecida por ley. El artículo 145 de la Ley N° 19.889 -aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou- exige que el Ministerio de Educación y Cultura elabore y envíe a la Asamblea General un Plan de Política Educativa Nacional. Este no es un documento más: debe contener principios generales y metas concretas, y tiene el rol de orientar la acción educativa del país durante cinco años. Es la brújula de largo alcance.

Pero la ley también prevé otra instancia previa: el Compromiso de Política Educativa Nacional, que se acuerda con los candidatos al Consejo Directivo Central de ANEP. Esa instancia -más acotada- es complementaria al plan. Es como una declaración inicial de intenciones. Más política, menos técnica. Más general, menos detallada.

Esta semana, a pocos días de haberse instalado un nuevo gobierno, el país ha recibido un documento de seis páginas, el Compromiso de política educativa Nacional. Y vale la pena detenerse a analizarlo. No por lo que dice solamente, sino por lo que no dice.

Durante el gobierno que integramos (2020-2025), entendimos que la educación necesitaba sentido de urgencia. Que las demoras se traducen en desigualdad. Que sin acción, los discursos se diluyen. Por eso, elaboramos el primer Plan de Política Educativa Nacional tal como lo establecía la nueva ley. Fue un documento estructurado en cinco principios estratégicos: mejor gobernanza, mayor coordinación institucional, más oportunidades, mejores aprendizajes y una fuerte apuesta a la formación docente. No era un listado de ideas: era una hoja de ruta con metas, indicadores, plazos, reformas institucionales y responsables. Allí estaban los Centros María Espínola, la transformación curricular, los sistemas de información para proteger trayectorias, la formación universitaria de docentes, el fortalecimiento de Ceibal como agencia de innovación, y mucho más.

El nuevo gobierno ha presentado un Compromiso de política educativa Nacional. Pero hasta el momento, no ha presentado el Plan que la ley exige antes del Presupuesto Nacional.

Este primer documento tiene algunos elementos rescatables: retoma principios compartidos como la gratuidad, la laicidad, la inclusión. Reconoce el rol estratégico de la educación en el desarrollo del país. Plantea participación, descentralización, y énfasis en la primera infancia.

Pero su problema no está tanto en lo que incluye, sino en lo que omite. Porque no establece metas. No define prioridades. No compromete recursos. No fija rumbos concretos. Es, en definitiva, un documento demasiado general para los tiempos que corren.

Y lo más preocupante es que aún no sepamos cuándo habrá un Plan de Política Educativa Nacional, como exige la ley. Un compromiso sin plan es como una promesa sin proyecto.

Desde una mirada ideológica, las diferencias entre lo que hicimos y lo que se presenta ahora son claras. Nosotros apostamos a la transformación, con un Estado coordinador, pero también facilitador de nuevos modelos de gestión, de innovación y de exigencia académica. Apostamos a todos los actores del sistema: públicos y privados, formales y no formales. Porque la educación no es un único modelo, es un ecosistema.

El documento actual parece volver a una visión más tradicional, centrada exclusivamente en la educación pública estatal. Hay un fuerte énfasis en los mecanismos participativos históricos, y un menor protagonismo para las herramientas de innovación que el país venía consolidando. Es una mirada legítima, sí. Pero menos ambiciosa y, sobre todo, menos concreta.

Sería injusto no reconocer que también hay continuidad. El nuevo gobierno no ha desandado los caminos trazados. Algunas líneas se mantienen: la preocupación por la primera infancia, la atención a las trayectorias, la intención de articular políticas educativas con otras áreas del Estado. Hay margen para acuerdos si hay voluntad.

Pero la educación no puede esperar indefinidamente. Los niños, adolescentes y jóvenes no pueden detener su aprendizaje mientras los adultos redactamos declaraciones de buenas intenciones. Por eso, es fundamental que el Plan de Política Educativa Nacional -el verdadero, el exigido por ley- se presente pronto, con ambición, con metas, y con el país en el centro.

La educación no puede ser solo el territorio de los consensos amplios. También requiere decisiones. Porque donde hay problemas estructurales -como los que tiene nuestro sistema educativo- la neutralidad no es virtud. Es inmovilidad.

Ojalá este Compromiso sea solo un primer paso, y no el techo de las aspiraciones. Ojalá veamos pronto un plan que mire hacia adelante, que reconozca los avances, que corrija lo que deba corregirse, y que no se conforme con administrar lo existente.

Porque educar es, siempre, un acto de valentía. Y gobernar la educación, aún más.