En los últimos días el gobierno anunció una posible nueva inversión en Uruguay de una empresa finlandesa para instalar una planta de celulosa. Este proyecto requiere por parte de nuestro país importantes exoneraciones fiscales e inversiones en infraestructura.

En los últimos días el gobierno anunció una posible nueva inversión en Uruguay de una empresa finlandesa para instalar una planta de celulosa. Este proyecto requiere por parte de nuestro país importantes exoneraciones fiscales e inversiones en infraestructura.

Sin contar las exoneraciones fiscales, Uruguay tendría que invertir más de 1.000 millones de dólares. Parte de esta inversión sería en infraestructura logística de beneficio general pero el resto se haría para satisfacer las necesidades de la planta.

Estos importantes aportes de fondos públicos transforman esta inversión privada en un tema de interés social ya que todos los uruguayos estaremos invirtiendo coercitivamente en este proyecto.

Por lo tanto debemos comparar los beneficios públicos de esta inversión con posibles alternativas.

Por ejemplo si decidiéramos invertir parte de esos 1.000 millones de dólares en fortalecer nuestros sistemas de formación de posgrados, enviar anualmente decenas de uruguayos a realizar doctorados al exterior, modernizar nuestros sistemas de educación técnica, fomentar la colaboración productiva y formativa entre universidades y empresas; el retorno podría ser mayor en empleos de calidad, diversificación de nuestra producción e imagen del país en el largo plazo.

La inversión extranjera puede ser beneficiosa en muchos aspectos, pero no todos los tipos de inversión extranjera son igualmente beneficiosos. Debemos orientar nuestro esfuerzo diplomático y económico en atraer proyectos que generen puestos de trabajo calificado, que incorporen innovaciones tecnológicas, que formen a técnicos, empleados y profesionales nacionales, y que difundan su conocimiento entre empresas nacionales, entre otros aspectos. Serán de menor interés proyectos que se constituyen en enclaves aislados de la trama productiva nacional, que generen pocos empleos o empleos de baja especialización o que gerencien su tecnología y su propiedad intelectual con equipos extranjeros con poca o nula inserción en nuestro país.

Todos los países que buscan desarrollarse como productores de bienes o servicios con alto contenido de conocimiento compiten por atraer centros de investigación, de desarrollo tecnológico, de servicios creativos o de servicios técnicos y gerenciales. Atraer inversiones de este tipo no es imposible para países de nuestro tamaño y lejanos de los centros mundiales de producción de conocimiento. Singapur por ejemplo, se ha vuelto un polo mundial de investigación farmacéutica en donde trabajan más de 4000 investigadores para las mayores empresas del mundo. Apple, Dell y Sony abrieron centros de investigación y desarrollo en Taiwán. Facebook, Google, Apple, Intel, IBM y Microsoft tienen centros de investigación y desarrollo en Israel.

El centro de desarrollo de software de la empresa india TCS en Uruguay que emplea más de 1.500 técnicos y profesionales, el centro de servicios gerenciales de la empresa alemana BASF que emplea más de 300 profesionales o bajo otra forma institucional el Instituto Pasteur, son ejemplos de la factibilidad de atraer proyectos con alto contenido tecnológico y de conocimiento a nuestro país. Las seis universidades uruguayas podríamos colaborar con organismos públicos como la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, Uruguay XXI y cámaras sectoriales como la CUTI para la búsqueda de este tipo de inversiones.

Es importante evitar caer en paralogismos de falsa oposición. Proyectos de explotación de recursos naturales como las plantas de celulosa no son mutuamente excluyentes con proyectos de alta tecnología. Además, las industrias de explotación de recursos naturales invierten en investigación y desarrollo. Por ejemplo, UPM opera cinco centros de investigación con centenas de investigadores en Finlandia, Alemania y China.

Como parte de las negociaciones para una futura planta en nuestro país, nuestro gobierno podría proponer que la empresa instale un centro de investigación y desarrollo orientado a crear propiedad intelectual registrada en Uruguay. También podría proponer a los inversores estimular actividades que agreguen valor a nuestro patrimonio forestal fomentando por ejemplo la construcción o el diseño de muebles en madera.

El argumento no es sustituir unos proyectos por otros sino examinar cómo invertir nuestros limitados recursos para atraer a los más beneficiosos. Nuestra apuesta al futuro son las nuevas generaciones, nativos digitales formados con el plan Ceibal y conectados con una cultura global que ingresarán al mercado laboral en los próximos años. Debemos recibirlos en una sociedad que demande creatividad, premie el conocimiento y ofrezca oportunidades de desarrollo personal.