Es cierto que nuestra legislación define como partido político las “asociaciones de personas sin fines de lucro, que se organizan a los efectos del ejercicio colectivo de la actividad política en todas sus manifestaciones (artículo 39 de la Constitución de la República)”, como surge del art. 3º de la ley 18485 del año 2009, dándoles a cada uno, gran libertad de funcionamiento.

Por ello, los requisitos legales son muy aliviados y solo les obliga a presentar una “Carta de Principios” sin detallar cuál debería ser su alcance y -en cada campaña electoral, antes de los 30 días de las elecciones- “el programa de gobierno o plataforma electoral”, también sin exigencias de contenidos mínimos.

Hasta aquí, es claro que de acuerdo a Derecho, es legítimo que un partido político pueda tener un único y exclusivo objetivo, como podría ser la protección del medio ambiente, el bienestar animal, la seguridad interna o los derechos de alguna minoría y no referirse a ningún otro asunto público. En tales casos, los integrantes del partido podrán discrepar en todo aquello que esté por fuera del objetivo central y único Claro que otra cuestión -no jurídica sino de Filosofía moral y política- se plantea cuando el partido político aspira a hacerse cargo del gobierno nacional a través de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En esos casos, manifiestamente, surgen deberes -no jurídicos pero no por ello intrascendentes sino, al contrario, de la mayor relevancia- pues la ciudadanía tiene derecho a reclamar que quienes se postulan para decidir sobre la vida y suerte de todos, revelen con claridad hacia dónde apuntan como partido en todos los aspectos que interesan a los gobernados.

En ese sentido es condición sine qua non que el partido tenga en cada tema una única posición. Solamente puede justificarse la manifestación interna de posiciones contrapuestas sin resolver, cuando se trata de cuestiones de detalle sin trascendencia real o cuando son asuntos de conciencia individual, como las que refieren a la bioética (vgr. aborto o autanasia).

La cuestión prioritaria que todo partido debe expresar y de forma unívoca, es qué principios son los que defiende sobre el alcance de las libertades individuales y los derechos humanos y sobre el ejercicio de la de-mocracia plena y la independencia de los Poderes, en particular del Poder Judicial.

En estos temas fundamentales, el Frente Amplio que en puridad es una “fuerza política” conformada a su vez por varios “partidos” que deciden sus posiciones ideológicas con independencia del resto, tiene claras contradicciones que no han podido resolver a lo largo de los años, ni aún en los tres períodos en que gobernaron.

En efecto, es claro que existe un divorcio notable en filosofía moral y política entre los “partidos” que todavía abrazan la filosofía marxista y los que -originarios en la socialdemocracia o la democracia cristiana- repudiaron hace mas de cien años el pensamiento dogmático con pretensión de fundamento científico, que sostiene que el determinismo histórico llevará, inexorablemente, a la dictadura del proletariado con la que justificaron que durante casi todo el siglo XX, con continuidad en el presente en algunos casos, Rusia, China, Europa del Este, varias pequeñas naciones de Asia y Cu-ba en América, perpetraran los peores atentados a los derechos humanos, asesinaran a los disidentes, aniquilaran las libertades públicas y establecieran el régimen de Partido Único.

Precisamente, por esa gravísima disociación ideológica, que aún hoy persiste entre los partidos Comunista y Socialista, por un lado, y los restantes partidos y grupos de la “fuerza política” por otro, es que cada vez que -desde su fundación- se le pregunta a un dirigente frentista acerca de si en Cuba hay democracia, se escuchan, entre balbuceos, las más ridículas explicaciones que pretenden o bien directamente justificar el régimen y sus violaciones a los derechos humanos o definirlo como una democracia “distinta”, pero democracia al fin.

La cuestión es que no se trata de una mera discusión académica sobre el concepto de democracia y su aplicación a Cuba y, ahora también a Venezuela y Nicaragua, sino de una interrogante práctica: los integrantes de la “fuerza política” que pertenecen al Partido Comunista y al Partido Socialista, ambos confesos marxistas, si la situación política les facilitara la oportunidad, ¿llevarían a nuestro país hacia esa democracia “distinta” con Partido Único, sin Poder Judicial independiente, y con la libertades públicas avasalladas?

La hipótesis no es descabellada ni mucho menos.

En febrero de 1973, mientras el país intentaba mantener el régimen democrático, aplicando medidas prontas de seguridad -previstas en el art. 168 numeral 17º de la Constitución- en el medio de una guerrilla urbana instalada por el MLN Tupamaros, oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea, dieron el primer paso hacia la dictadura militar, alzándose contra el Poder Ejecutivo, respaldado solo por la Marina que se atrincheró en la Ciudad Vieja.

En esa dificilísima instancia, el Partido Comunista -integrante de la “fuerza política”- en una vergonzosa traición a la democracia y al país, desde el Diario “El Popular”, el órgano de prensa oficial del partido, el 10 de febrero de 1973, se ofreció a los militares insurrectos bajo el título de primera página: “El Pueblo y las FFAA unidos”, con un larguísimo editorial avivando el fuego golpista y ofreciéndose indignamente para colaborar.

Esa proclama, arrastró a otros dirigentes frentistas, no comunistas o, por lo menos, los hizo mantenerse en silencio. Solo el Dr. Carlos Quijano, desde filas de la izquierda se pronunció claramente en contra, en el semanario Marcha.

Luego, los comunistas -que fueron desairados por los militares golpistas en sus ilusiones de coparticipar en el golpe de Estado que preparaban- viraron rápidamente hacia la oposición y prepararon una huelga general, de la que mucho hablan, pero ocultando su anterior fallido intento.

Y bien, con esos antecedentes, corresponde que todos nos interroguemos sobre la situación actual: los dos partidos marxistas han preparado la aprobación de una reforma constitucional, que, como sintetizó Mujica, y no exagera, nos llevará al “caos”.

A pesar de esas advertencias, desprejuiciadamente, continúan fogoneando la iniciativa, con argumentos falaces y populistas, acercándose al abismo.

¿No será porque el “caos” les acerca la ilusión de acortar los plazos para concretar sus ideas?