Nadie que lea el libro “La cara oculta del Poder Judicial en Uruguay” de la exfiscal Gabriela Fossati puede quedar imperturbable. Lo que allí se narra es grave institucional y políticamente.

Institucionalmente, porque la Fiscalía General de la Nación (FGN) ocupa un lugar preponderante en el esquema de Justicia del país. No es un poder independiente como el Poder Judicial, pero tiene independencia funcional; y con el nuevo código del proceso penal que entró en vigencia en 2017, su protagonismo en las causas penales aumentó. Para quienes no somos especialistas en estos asuntos, hace años que al menos tres circunstancias nos alertan sobre lo que allí ocurre.

En primer lugar, junto con el cambio de 2017 se verificó un gran aumento de los principales delitos. Algo pasó a estar muy mal, porque notoriamente surgió una sensación de impunidad que, a pesar de los cambios en el Ejecutivo en 2020, infelizmente sigue extendida: en una sociedad anómica y en la que las penas se negocian, pasó a ser verdad aquello de que “la ocasión hace al ladrón” y se generó así más inseguridad.

En segundo lugar, constatar que el mecanismo de adjudicación de fiscales para las causas penales no es aleatorio, sino que es elegido y monitoreado por el fiscal general, sesga evidentemente todos los procesos. Como escribe Fossati, y es gravísimo: “si un fiscal puede ser sustituido por otro por la mera decisión del fiscal general, sin trámite administrativo ni sumario, sin causas legalmente regladas, entonces podemos afirmar que tenemos una independencia técnica debilitada”.

En tercer lugar, hubo actuaciones fiscales problemáticas. Por ejemplo: casi todo lo que ha llevado adelante Perciballe en la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad creada a partir de 2017, huele a utilización de la justicia con finalidad de venganza política izquierdista; el cierre de las actuaciones de parte de Flores con relación al paseo de Leal por Chuy, se parece mucho a una interesada intervención partidista para ocultar algo de semblante extraño; y las inverosímiles demoras de causas en las que están denunciados dirigentes frenteam- plistas, son sinónimos de interés por disimular, tapar o hacer caer en el olvido gravísimas irregularidades ocurridas bajo gobiernos del Frente Amplio.

A todas estas sencillas intuiciones que ponen en tela de juicio el correcto funcionamiento institucional de la Justicia, con valor impar Fossati suma una explicación de fondo: hay una actuación conjunta, que ella llama “el poder de la manada” y que explicita con nombres y apellidos, que cumple el objetivo de maniatar la actuación fiscal y conducirla hacia fines políticos favorables a la izquierda. En concreto: Fossati ha tenido el temple de renunciar a su cargo, de denunciar en un libro lo que está pasando en FGN, y de advertirnos sobre las gravísimas consecuencias que el manejo partidista e interesado de las acusaciones fiscales hacen pesar sobre la calidad de nuestra democracia.

En definitiva, Fossati tuvo el coraje de decir en alta y clara voz que las garantías de nuestras libertades están en manos de una banda de estalinistas que opera con total impunidad. Así las cosas, el oficialismo no puede seguir omiso sobre lo que ocurre política e institucionalmente en la FGN.