La Fiscal de Corte en funciones, Dra. Mónica Ferrero, dispuso ampliar la investigación para averiguar cómo se filtraron los chats entre el ex senador Gustavo Penadés y el ex Presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Tal ampliación es un imperativo de orden público, porque el secreto de la correspondencia está protegido por la Constitución y porque la limpidez de procedimientos es un prerrequisito para que las instituciones de Justicia tengan autoridad moral.

Por eso, hay que felicitar la decisión de seguir averiguando hasta que todos sepamos si la madre del borrego estuvo en la Fiscalía o no.

Y, además, hay que felicitar a la actual Fiscal de Corte, a quien -¡tan luego en estos tiempos!- le ha caído la pesada carga de reemplazar al reemplazante del titular que, tras larga y fuerte campaña mediática, renunció para trabajar como abogado particular. Hay que felicitar, sí, a la Dra. Mónica Ferrero porque realiza su ciclópea tarea con modestia y en silencio.

Al fin de cuentas, una de las mayores garantías que podemos tener para un Estado de Derecho es contar con Magistrados que, en vez de hacer ruido en diarios, radios, y redes, se expresen a través de dictámenes y sentencias.

En los siete años de vigencia de la ley 19.843, que instituyó a la Fiscalía General de la Nación como Servicio Descentralizado de dudosa constitucionalidad, la institución ha sufrido reorganizaciones discutibles, es la cara visible del lamentable Código del Proceso Penal y a dos por tres se enreda entre carpetas secretas, filtraciones públicas y adjudicaciones político-partidarias. Para peor, actores partidarios de magnitud, que debieron preservar al órgano de acusación su independencia técnica y moral, la manosearon de palabra e intención, acaso creyéndose protegidos por una intimidad que la tecnología mató.

Pues bien. Si la Magistratura fiscal aparece una y otra vez enchastrada en términos políticos que le amenazan su pureza jurídica, lo mejor que le puede ocurrir es que el Fiscal de Corte desempeñe su misión de rango constitucional desde la discreción con que lo ejercieron los jerarcas ejemplares que supieron regirlo, con muy contadas y nada honrosas excepciones.

Si se da ese ejemplo en las alturas, se recuperará el espíritu por dentro y se tornará imperioso designar titular, en vez de prolongar un interinato malsano para la institución e incómodo para quien debe adoptar resoluciones a largo plazo sin saber lo que será de su función pasado mañana. Junto con eso, habrá que estimular el esfuerzo de los penalistas que pugnan por gestar un Código del Proceso Penal que sustituya el adefesio que hoy rige.

Y habrá que seguir de cerca lo que la Facultad de Derecho parece emprender muy bien para frenar la distorsión del Consultorio Jurídico de la Facultad, que lo llevó a patrocinar a la tal Romina Papasso, pobre de solemnidad con viajes largos a Buenos Aires y miles de dólares a cobrar.

Y habrá que batallar por una solución humana y sin explotación politiquera para el tema de los desaparecidos, buscando para el Uruguay la paz como estado del alma, como a todos nos enseñó Jorge Batlle.

Y habrá que… sí, querido lector, habrá que recordar que Ihering tenía razón cuando proclamó que el Derecho sólo existe como lucha por el Derecho y, por tanto, sólo existe en los pueblos que cultivan la voluntad.