En medio de la profunda crisis en la que estamos, han surgido algunos ruidos sobre la conveniencia para el país de una renegociación del contrato firmado en 2017 entre Uruguay y la empresa finlandesa UPM. 

Existe una serie de argumentos que indican que cambiar ahora las condiciones sería totalmente contraproducente para el país.

Antes que nada, hay que tener siempre presente que Uruguay tiene un activo muy valorado a nivel internacional: el respeto de los contratos, incluso en condiciones muy difíciles. Así lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia. El día después de mañana, Uruguay va a necesitar más que nunca un rebrote de inversión para impulsar el crecimiento de la economía. Ese día este activo va a valer mucho.

Renegociar el contrato firmado implicaría afectar esta tradición. Se podría argumentar que estamos ante una excepción que lo amerita, lo que es cierto; pero siempre que se rompe un acuerdo es por un hecho excepcional.

Hay que tener presente, también, que revisar en este momento el contrato implica no solo incumplir con un compromiso asumido con una empresa multinacional, sino que potencialmente afecta a muchos otros contratos asociados. Por ejemplo, quedarían bajo revisión todos aquellos contratos ya firmados para el financiamiento del proyecto del ferrocarril, en lo que participaron organismos multilaterales de crédito y ahorristas individuales e institucionales. Son muchas las repercusiones negativas que los cambios en las condiciones del contrato podrían traer asociadas.

Más allá del enorme valor del respeto por lo firmado como nuestra tradición lo indica, no se puede ignorar el hecho de que estamos frente a la mayor inversión de la historia del país. ¡Y justo en este momento! Según nuestras proyecciones, este año la economía entraría en una recesión nada menor si no existieran las obras planificadas.

Los puestos de trabajo que se generan en una megainversión de esta naturaleza, también se deben tener más presentes que nunca. La crisis va a dejar al mercado de trabajo como un foco de atención crítica. Es esperable que muchos de los puestos de trabajo fácilmente automatizables que están en suspenso por el confinamiento (muchos de ellos en seguro de paro) no se recompongan. Mientras estamos en cuarentena, la tecnología avanza y se vuelve cada vez más accesible para todos. Nos guste o no, cuando se retome la “nueva normalidad”, va a ser necesario emplear menos personas que las que se empleaban antes para hacer lo mismo. Según nuestras estimaciones, en el escenario de que las empresas no repusieran los puestos de trabajo automatizables enviados al seguro de paro, la tasa de desempleo saltaría de 8,5% a más del 12%.

Toda megainversión genera externalidades positivas y negativas, siempre. Por un lado, habrá múltiples externalidades positivas que dinamizarán la economía en la zona de influencia directa de la nueva planta, que no se caracteriza por la prosperidad. También generará externalidades a través del incremento de la inversión y la producción en actividades relacionadas directa e indirectamente. Por otro lado, las externalidades negativas que pueden existir sobre el medio ambiente tienen que ser atendidas. Así es como está establecido que la inversión respete los más estrictos estándares de calidad en la materia, en todas las etapas. Así es como deberá existir el control permanente de las agencias correspondientes del gobierno. Políticas públicas bien diseñadas deben buscar potenciar las externalidades positivas y mitigar las negativas, pero no frenar la inversión.

No hay duda de que el contrato genera beneficios especiales para el inversor, que, naturalmente, puso como condiciones para firmarlo. Tampoco hay dudas de que, sin condiciones especiales, no hay inversión en Uruguay. No hay incremento de la inversión productiva en Uruguay desde 2015 y hay salidas continuas de inversión extranjera directa desde 2016. Y por algo será, ¿no? Las condiciones objetivas de rentabilidad para invertir no están dadas hace tiempo.

El contrato firmado tiene implícita parte de la agenda de reformas pendientes que tiene el país por delante para ser de nuevo atractivo para invertir. Esa agenda es el gran desafío. Para ser competitivo Uruguay tiene que transitar el complejo camino que implica reducir las elevadas barreras que impiden a las empresas instaladas en el país ser más productivas. Barreras como la calidad de la infraestructura física, la formación de las personas que ingresan al mercado de trabajo y la regulación laboral, la carga de impuestos y tarifas, están todas en niveles muy elevados. Así lo indican números comparables a nivel internacional que año tras año actualizan instituciones como el Foro Económico Global y el Banco Mundial.

Si se toma consciencia de la magnitud actual de estas barreras, no puede llamar la atención que para concretar una inversión de tal magnitud se haya exigido mejoras sustanciales en infraestructura física y mejoras en la formación de la mano obra. Tampoco puede llamar la atención que, para instalar su segunda planta, se exija una menor carga tributaria. Menos aún puede sorprender que se haya incluido en el contrato un régimen laboral especial con mayores certezas que las que brindan las normas generales.

Más allá de la discusión de si el contrato está desbalanceado o de si el proyecto “está completamente alineado con los objetivos de desarrollo productivo sostenible de Uruguay”, como sostenía el gobierno anterior, lo acordado deja de manifiesto una agenda de reformas que el país tiene pendiente. Una agenda que fue validada en las urnas y que el actual gobierno intentará concretar luego de la crisis. En esta agenda, inevitablemente, el país tendrá que avanzar para ser atractivo a la inversión y poder retomar la senda del desarrollo.

Parece insólita la paradoja de plantearle al gobierno que frene en este momento -cuando están detenidas incontables decisiones de inversión en todo el mundo- una megainversión que no tiene intenciones de detenerse. Sin embargo, también es entendible que en las actuales circunstancias mucha gente sienta que es justo revisar el contrato firmado. Dicho todo lo anterior, Uruguay debe respetar el contrato firmado. Es por el bien del país así hacerlo.