Desde círculos vinculados a la izquierda y con pretendida superioridad intelectual, se alarman y pontifican sobre las críticas a la Fiscalía. Sobreactúan. Las críticas no son a la institución en forma generalizada, sino a un grupo escondido en la histórica buena reputación del sistema de justicia uruguayo que opera impunemente, con intencionalidad política partidaria, como si fuera un Partido Fiscal aliado del FA. Cuál es el rubor en decir en voz alta lo que se dice desde hace mucho en pasillos por todos. Ese Partido Fiscal fue armado, cosido y bordado a mano por el actual prosecretario de la Presidencia Dr. Jorge Díaz. Tiene sus militantes, sus dirigentes, y hasta su secretario de prensa y “community manager” de redes. No le falta nada.

Durante muchos años designaciones, ascensos y postergaciones, correspondían a la adhesión a este Partido Fiscal. Obviamente que no hay “recibo” de esto que afirmo, pero nadie lealmente puede negar que esto es vox populi. La impunidad fue total. Y la culpa por omisión de muchos, entre ellos quien esto firma, también. En tiempos de autocrítica, asumir esto es imprescindible.

Una República como la nuestra, con un alto prestigio donde la separación de poderes y la profesionalidad y garantías judiciales eran históricas, fue creando una coraza que terminó sirviendo de protección al crecimiento impune de este fenómeno. Ahora tenemos un problema institucional serio, porque a pesar de que estamos a tiempo, la politización del sistema es grave, y el prestigio institucional está en cuestión. Veamos. Es objetivo que causas que vinculan a dirigentes del FA se mueven a paso de tortuga y otras explotan con impulso de brutal ferocidad (Besozzi). ¿Qué velocidad es la adecuada? La que no esté determinada por motivos políticos, y solo sea fruto de la justicia y la ley. Es verdad o no que las filtraciones ilegales volanteadas a los medios son las que comprometen a personas investigadas cercanas a la coalición. Nada de lo que se filtra casualmente compromete a dirigentes del FA. Son filtraciones además de ilegales, destinadas a herir a personas ajenas al FA y barrer con la presunción de inocencia. No estamos hablando de cosas anecdóticas, es tan serio como las garantías individuales de las personas, que mañana puede ser usted lector. Lo que está en riesgo son las libertades.

Nos critican por enfrentar este centro de operaciones políticas. Por qué peregrina razón no podríamos opinar sobre la actividad de un juez o un fiscal. Dónde está escrito que la acción de la fiscalía está exenta de la mirada y el cuestionamiento.

Los posteos públicos en redes sociales de la fiscal Alciaturi son gravísimos. No es un tema lateral a su actividad fiscal, son descalificantes en su profesionalidad para tratar el caso de un integrante del Partido Nacional, partido al que tiempo antes agravió soezmente. ¿Es posible que sea imparcial y ajustada a derecho la opinión de quien violando normas éticas y legales explícitas milita a favor del partido que se beneficiará con su acusación? La fiscal milita el FA, agravia al Partido Nacional, y formaliza a un candidato blanco que nunca fue citado a declarar, dos meses antes de la elección. ¿Casualidad? Hay que ser muy ingenuo. Esto es inadmisible, pero no por garantías de un dirigente político, lo debería ser para cualquier ciudadano. Hoy son razones partidarias, mañana podrán ser religiosas, de vecindad o de cualquier tipo. Es una puerta que se abre y es naturalizar que alguien puede hacer lo que no debe, ni puede, pero como el justiciable es un político, que se embrome. El problema institucional no es que algunos critiquemos el accionar de fiscales, sino que exista un grupo que utiliza su poder con fines ajenos a la Justicia. Lo grave es el hecho y no que quede expuesto.

La hipocresía de horrorizarse por el debate público de estos temas es funcional al deterioro del sistema judicial. Es más barata y políticamente correcta la moralina, que decir esto que todos saben y enfrentar a poderosos círculos de poder fiscal. La ubicación del exfiscal de Corte Jorge Díaz en la cúspide de la Presidencia está vinculada a este accionar y a la extensión del poder de esta gente. Nos consta que esto no solo preocupa en la Coalición, también hay dirigentes del propio gobierno que no ven bien el mando que se le dio. ¿Seguirá con su ministerio de Justicia? El propio ministro de Interior que era integrante de ese centro de poder en fiscalía, pasó en una mañana del ministerio público al primer cargo político del gobierno. Nadie que no se chupe el dedo y sea medianamente serio puede explicar esto si no es por una máquina muy aceitada que a partir de la Fiscalía construye poder político. Mira para el costado cuando quiere y acelera, ventila o somete al escarnio a sus oponentes políticos limpiando la cancha.

La separación de poderes es la República, y estos operadores no son republicanos, y no tienen límites. Es el estado de derecho lo que está en juego y es la libertad.