En una nueva demostración de compromiso con el país y su gente, el gobierno firmó el contrato con Consorcio Aguas de Montevideo para ejecutar las obras del proyecto Neptuno.
Después de la catastrófica sequía del 2023, que puso en jaque severo el abastecimiento metropolitano de agua potable -donde vive el 60% de la población del país-, quedó en evidencia la irresponsabilidad y desidia de las tres administraciones frenteamplistas anteriores. Todos eran conscientes de la precaria situación de Aguas Corrientes y Paso Severino, pero no movieron un dedo para revertirla, a pesar de haber disfrutado de una histórica bonanza económica.
El gobierno actual, en cambio, estudió, evaluó y aprobó, a su debido tiempo, un proyecto para dotar al país de una fuente independiente e inagotable de agua, capaz de garantizar por muchas décadas (como fuente de respaldo) el normal suministro de agua potable, sin importar los avatares naturales que se presenten. Si se hubiera descansado en las críticas y cuestionamientos que se escucharon -y escuchan- sin pausa desde la oposición, nada se hubiera hecho; seguiríamos estancados. Los problemas importantes se resuelven tomando decisiones efectivas, y no discutiendo hasta el cansancio, como ha sido práctica habitual de la izquierda vernácula.
El proyecto Neptuno está en marcha. Le asegurará al país contar con una nueva planta potabilizadora, con una reserva de agua dulce que se alimentará del Río de la Plata, con la conducción de agua tratada que llegará hasta los tanques de Cuchilla Pereira y con un sitio seguro de depósito de los lodos deshidratados -desechos propios del proceso potabilizador-.
Esa inversión y su mantenimiento corren por cuenta del privado, lo cual permitió encarar la realización de esta gran obra para el país, ya que el Estado carece de los recursos económicos necesarios para hacerla. Se logró hallar un modelo de negocio satisfactorio para ambas partes.
Fiel a su naturaleza paralizante, ante el arribo a la firma del proyecto y los días posteriores, otra vez se escucharon las voces agoreras, apocalípticas, organizadas para dar la sensación de que la gente está en contra -como ocurrió cuando se aprobó y mantuvo la excelente ley que es la LUC-.
No extrañó, por tanto, que el futuro ministro de Ambiente, así como el presidente del FA declararan que la obra en la zona maragata de Arazatí, conducirá a OSE a una situación ruinosa, debido a los dineros que pagará anualmente al consorcio para amortizar las obras y sus servicios.
Profetizaron que el ente no contará con recursos para realizar reparaciones, saneamientos, y todo lo necesario para brindar el correcto servicio de agua potable.
Lo concreto es que el gobierno que fue electo hace ya cinco años, el próximo 1 de marzo, entregará su mandato a las nuevas autoridades, habiendo dejado en marcha las obras para dar solución definitiva a una amenaza de vieja data -y siempre latente-, como lo es la interrupción del servicio de abastecimiento de agua corriente, debido a sequías o inundaciones extremas.
La planta potabilizadora de Neptuno brindará el respaldo hídrico necesario para mantener el servicio en tiempos de gran escasez.