En el período de gobierno que acaba de terminar se alcanzó un significativo crecimiento del empleo que no solo recuperó los cincuenta mil puestos de trabajo perdidos en el período 2015-20 sino que el número de puestos de trabajo se aumentó en cincuenta mil más, redondeando un crecimiento de cien mil empleos más que en 2020.

Y esto ocurrió en un contexto en el que el mercado de trabajo enfrentó fuertes adversidades tales como la pandemia, la sequía y los graves problemas de competitividad con Argentina. Pero, además, no solo aumentaron cien mil puestos de trabajo, sino que se redujo el porcentaje de empleo informal, bajando de 25% en 2019 a 22% en 2024, lo que constituye un logro particularmente relevante puesto que el crecimiento del empleo no se basó en el aumento del trabajo informal, sino que ocurrió todo lo contrario.

A su vez, el desempleo culminó en el período de gobierno reciente marcando una reducción con respecto al final del gobierno 2015-20. En febrero del 2020 el desempleo alcanzó el 10.5%, mientras que en enero de 2025 se ubicó en 8.1%, es decir 2.5% menos. Por si todo esto no alcanzara, simultáneamente, el poder adquisitivo del salario promedio terminó alrededor de 2 puntos por encima de fines de 2019.

La vara quedó muy alta. Pero, además, el país se enfrenta a un desafío similar al que enfrentó el tercer gobierno del Frente Amplio, diez años atrás.

En efecto, en aquel momento los datos de empleo y salarios eran positivos y reflejaban, igual que ahora, una realidad de aumento en ambos indicadores. Nuestro país culminaba una época muy favorable en materia de precios internacionales y eso permitió avanzar en la mejora de los indicadores del mercado laboral.

Sin embargo, el “viento de cola” dejó de soplar y el tercer gobierno del FA enfrentó una tasa de crecimiento baja que derivó en un significativo freno del dinamismo del mercado laboral. El dilema planteado implicaba la afectación del empleo o el salario, en la medida que el ritmo del crecimiento económico no permitía mantener el nivel de ambos indicadores.

La única alternativa era aumentar de manera relevante la productividad de nuestras diferentes áreas de actividad. Pero nada de eso ocurrió, por la vía de los hechos y por el peso significativo que el movimiento sindical tenía en el impulso a sus demandas, el poder adquisitivo del salario mantuvo su tendencia al alza, aunque en el último año se frenó también, y esto se pagó con un fuerte costo en la reducción de los puestos de trabajo. En tres años nuestro país perdió cincuenta mil puestos de trabajo. Hoy, 10 años después, nos enfrentamos al mismo dilema. Los niveles de empleo y salario real están altos, pero no es sostenible mantener estos indicadores si no se produce un importante impulso de crecimiento de la economía.

Esto es lo que han manifestado co-mo objetivo las nuevas autoridades económicas, pero no se han expresado cuáles son los instrumentos y las estrategias concretas para crecer cuando además no existen perspectivas inmediatas de radicación de nuevas inversiones extraordinarias en nuestro país.

Pues bien, en la medida que no se vislumbra en el corto plazo un aumento del ritmo del crecimiento económico, el camino ineludible es un salto en la competitividad y en la productividad de nuestro aparato productivo.

La mejora de la competitividad estuvo presente en el discurso de las nuevas autoridades del equipo económico y en tal sentido se habló genéricamente de instrumentos de microeconomía que podrían ayudar en tal sentido. Veremos en los próximos meses cómo se concretan esos anuncios.

Pero, a nuestro juicio, resulta imprescindible, trabajar también en el aumento de la productividad.

Esto implica una línea de trabajo intensa y urgente de diálogo entre gobierno, empleadores y trabajadores para identificar en cada sector de actividad cuáles son las oportunidades y los acuerdos para mejorar efectivamente la productividad. Implica, además, asumir que es necesario alcanzar acuerdos entre las partes para generar indicadores que permitan obtener saltos de rentabilidad que mantengan o incrementen los puestos de trabajo y sus niveles de remuneración.

Este objetivo no es fácil y requiere de mucha voluntad política y apertura al diálogo así como un aterrizaje concreto a nivel de sector o incluso de empresa. Es por ello que, a finales del gobierno anterior, desde el Ministerio de Trabajo instalamos ámbitos de diálogo para la mejora de la productividad.

Seguramente sería necesario que esta dimensión esté presente en la próximo Ronda de los Consejos de Salarios que comenzará a mediados de este año. Instalar espacios de entendimiento para vincular los acuerdos salariales con el cumplimiento de indicadores de mejora de la productividad con obligaciones a cargo de empleadores y trabajadores es el camino adecuado para lograr evitar el dilema de la reducción del empleo o el salario.

En caso contrario, es muy probable que ocurra lo mismo que ocurrió hace una década. En la medida que el movimiento sindical posee capacidad de presión y tiene enfrente a un gobierno con el que tiene vínculos políticos inocultables, entonces la probabilidad es que ocurra un ajuste por empleo.

Y un ajuste por empleo implica la afectación de las oportunidades de los trabajadores más débiles, es decir de los que buscan trabajo o de los que están empleados en empresas más pequeñas que tienen menos espalda para enfrentar momentos de menor dinamismo en la actividad.

La decisión, obviamente está en manos del nuevo gobierno. Los próximos meses serán cruciales para observar cuál será el camino elegido.