Lo primero es señalar que la actividad empresaria se base en la utilización de recursos propios y no coactivamente con el fruto del trabajo ajeno, por eso “empresa estatal” es una contradicción en los términos, se trata de un organismo político. En segundo lugar es menester apuntar que ese organismo político necesariamente asigna los siempre escasos factores de producción en áreas distintas de las que hubiera elegido la gente si hubiera podido votar en el supermercado y afines con sus compras y abstenciones de comprar, puesto que si hace lo mismo que la gente prefiere no tiene sentido su existencia con los consiguientes ahorros de honorarios. Si además ese organismo fuera deficitario o es monopólico estos son agravantes pero el problema grave de la mala asignación permanece.

Como hemos consignado tantas veces, el tema es de incentivos: no es lo mismo la forma en que tomamos café y encendemos las luces cuando pagamos las cuentas respecto a cuando forzamos que otros paguen. Estos organismos políticos suelen servir como aguantadero para colocar adictos al poder de turno. No se puede jugar al empresario, no es un simulacro ni un pasatiempo, se trata de un proceso de utilización adecuada de recursos. En un contexto abierto y competitivo el comerciante que atiende a sus semejantes en sus necesidades es compensado con beneficios y el que yerra incurre en quebrantos, no consecuencia de la fuerza sino de acuerdos libres y voluntarios lo cual debe distinguirse de los seudoempresarios que se recuestan en los privilegios que obtienen de los gobernantes del momento, esos son ladrones de guante blanco.

Si el organismo político de marras se dirige a sectores inviables económicamente consume capital y por tanto constituye un atentado contra los salarios e ingresos en términos reales que surgen precisamente debido a las tasas de capitalización. En la mediada en que esto se extienda se extenderán las zonas inviables hasta convertir todo el país en antieconómico.

Son muchas las formas de privatizar estos monstruos que contribuyen decisivamente el hacer más caro el nivel de vida de los gobernados. Una es venta al mejor postor, otra es convertirlo en sociedad anónima y vender las acciones en el mercado de capitales, otra es entregárselas a los empleados en forma de cooperativa y equivalentes. Si es por su naturaleza inconveniente económicamente debe ser liquidada para frenar la sangría en los ingresos de la población.

Un mercado libre no significa que debe haber varios compitiendo, uno o ninguno, la gente decide en un proceso cambiante según sean los gustos. En todo caso, si es abierto y libre debemos tener en cuenta que la innovación y el emprendimiento consubstancial al progreso implican que primero habrá solo uno en el mercado y si el renglón es atractivo atraerá a otros.

Hoy día debe estarse alerta de la trampa de que esos organismos políticos camuflados como “empresas estatales” también irrumpen bajo la fachada de empresa privada que reciben cuantiosos subsidios del aparato estatal, lo cual las convierte de facto en un organismo político.

En todo el esqueleto conceptual de la tradición de la sociedad libre el monopolio de la fuerza que denominamos gobierno es para garantizar derechos de las personas, una condición que es anterior y superior a la existencia del aparato estatal. Sin embargo, observamos que los gobiernos se arrogan facultades que en esta línea argumental no les corresponden para encarar aventuras políticas que atropellan derechos de las personas.

Recuerdo lo que en ciencia política y economía se clasifica como “la tragedia de los comunes”, a saber, lo que es de todos no es de nadie. Los incentivos son claves para adentrarse en el drama de las mal llamadas empresas estatales devenidas en pésimos “servicios públicos”. Es de gran relevancia recordar lo escrito por el decimonónico Frederic Bastiat en su obra titulada La Ley: “Cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano se encuentra en la cruel disyuntiva de perder la noción de la moral o perder el respeto a la ley.”

Cierro esta nota subrayando que lo realmente fundamental para contar con un sistema republicano es reducir el gasto público a las funciones específicas al aparato estatal. En esta línea argumental, es clave comprender que esa es la prioridad, ni siquiera es el déficit fiscal ya que puede concebirse un gobierno sin ese desequilibrio y al mismo tiempo succionar el cien por ciento de los ingresos de la gente lo cual convierte al país en un enorme campo de trabajos forzados. Cuba hoy no tiene déficit fiscal y tampoco lo tenía Stalin durante varios períodos. Esto no es para subestimar el desorden presupuestario que está vinculado a la inflación, es solo para mostrar prioridades.

En resumen, como queda dicho, los aparatos estatales en una sociedad libre deben circunscribirse principalmente a la seguridad y la Justicia que es habitualmente lo que se descuida.