En tres domingos los uruguayos concurriremos a las urnas para resolver una nueva elección nacional en que votaremos por el Presidente de la República y renovaremos la totalidad del Parlamento. Este ritual, afortunadamente en nuestro país desde la recuperación de la democracia, es predecible en sus formas e impredecible en su fondo, como ocurre en los países verdaderamente libres. Más allá de los comentarios sobre lo fría de la campaña y la falta de discusiones de fondo, lo cierto es que cualquier discusión sobre las diferencias entre los partidos políticos queda chica al lado de la posibilidad de que se apruebe el plebiscito impulsado por el Pit-Cnt respecto al sistema de seguridad social, por lo que es necesario insistir persistentemente sobre el tema hasta el próximo 27 de octubre.

La estabilidad de las reglas de juego no es un capricho de economistas, es una condición necesaria para que un país crezca y, eventualmente, se desarrolle. Las instituciones que fijan los incentivos a partir de los cuales las personas toman las decisiones son centrales para la suerte que puede correr una sociedad y esto es un punto de acuerdo general más allá de las preferencias ideológicas que se puedan tener. Más aún, para un país como Uruguay que tiene como uno de sus activos fundamentales, en claro contraste con la mayoría de nuestro continente, la estabilidad jurídica, realizar un cambio radical que daña irremediablemente el derecho de propiedad es un error inadmisible.

Nuestra imagen como país está en juego, y con ella nuestras posibilidades de desarrollo. Si a eso le sumamos los daños directamente económicos el problema se agudiza aún más. En efecto, el incremento del gasto público, que solo podrá ser posible con un colosal aumento de impuestos, golpeará fuertemente a la población, incluso a quienes a primera vista se pueden ver beneficiados con el incremento de las prestaciones mínimas. La propia viabilidad de nuestro sistema de seguridad social quedaría en cuestión ante la imposibilidad de incrementar los impuestos para lograr la recaudación necesaria para hacer frente a un aumento del gasto absolutamente irresponsable.

La aprobación de esta propuesta de reforma constitucional populista tendría, adicionalmente, importantes consecuencias de largo plazo sobre la inversión, el empleo y los salarios. No se puede ir alegremente contra las tendencias demográficas y a contramano de lo que han necesitado hacer todos los países del mundo, ¿o acaso nos creemos que en Uruguay es posible trabajar menos y ganar más que en los países más ricos del mundo por alguna razón mágica desconocida?

Por si faltaran razones, un millón y medio de uruguayos perderían sus ahorros en las AFAPs, lo que constituye sencillamente una confiscación sin compensación que se contradice con el propio texto de la Constitución que prevé una previa y justa compensación para estos casos.

Y si pensamos el asunto desde el punto de vista de la justicia social también representa un grosero sinsentido ya que implica una transferencia de recursos desde el sector etario de la población con mayor pobreza, los niños, hacia el de menor pobreza, los adultos mayores.

Los argumentos en contra del plebiscito son abrumadores y aunque aún el escenario más probable parece ser que no se apruebe, no podemos confiarnos. Derrotar esta propuesta contra el interés nacional es una tarea a la que debemos aportar todo lo que podamos.