Es cierto que hasta ahora, transcurridos 38 años del fin de la dictadura los esfuerzos de los diversos gobiernos por encontrar los restos de los detenidos desaparecidos no han sido muy exitosos. Desde entonces hemos elegido tres gobiernos colorados, otros tres frentistas y dos encabezados por el Partido Nacional, frente a los cuales el ejército ha mantenido siempre el mismo mutismo. Muy poco se ha aclarado y el paso de los años hace que esta tarea se vuelva cada vez más problemática. Un desafío, vale situarlo, que apelando a distintos procedimientos, desde un tratamiento dulcificado de las condenas si los crímenes eran reconocidos, como en Sud África, hasta la total amnistía de hecho o de derecho, han tenido poco éxito, en naciones sometidas a similares dictaduras militares. Aun cuando en algunas de ellas, como fue el caso argentino y uruguayo, se haya conseguido penalizar a parte de las cúpulas militares. Pese a que no siempre, como aquí ocurrió, aplicando el mejor derecho y la mejor historia de las causas de la previa subversión. De hecho todo ocurrió como si el blindaje de las FFAA, con instancias verticales de mando, un alto sentido corporativo, un bajo nivel cultural y un anacrónico y patriarcal manejo del honor, pudiera más que los intentos de los pueblos por reencontrar a sus desaparecidos.

En ese panorama poco es lo que pudo esclarecer el actual gobierno, ya traspasado el límite de la duración biológica de los actores de aquel enfrentamiento, más allá de algunos intentos en vías de ejecución. En realidad son otros los tiempos y al parecer otros los ejércitos involucrados, aparentemente más permeables al poder civil que los de la década del setenta del siglo anterior y mejor conducidos que en aquellas instancias, cuando la sociedad civil y algunos de sus partidos políticos, particularmente en la izquierda, no estuvieron totalmente exentos de culpa por los sucedido, aunque tardiamente enmendaran su conducta. Por eso es saludable la disposición del presente gobierno, adelantada por el Ministro de Defensa y el Presidente de la República de enviar al Parlamento un proyecto de ley haciendo públicos los archivos de la dictadura.

La iniciativa tiene por objeto facilitar a los uruguayos adentrarse en su pasado reciente tal como se ve reflejada en los archivos militares. Facilitar, transparentar estos procesos de investigación se agrega así a los realizados en el ámbito académico. Sin embargo, de forma inexplicable el presidente del Frente Amplio Fernado Pereira condiciona la iniciativa porque, sostiene, la información expone a una “revictimización” de los desaparecidos.

Es sabido que Pereira no se caracteriza por su coincidencia con el accionar de la coalición gobernante. Basta examinar la conducta opositora del Frente para advertir que su estrategia es la porfiada negativa a toda propuesta de su rival, cualquiera fuere su sentido. Desde las tomadas durante la pandemia a las actuales respecto a la sequía. Pero esa actitud general, no basta para explicar que el Frente Amplio, pertinaz impulsor del castigo a los represores militares, ahora dude, quite su aplicación directa, a una ley que facilitará las investigaciones, bajo la inexplicable afirmación que ello “revictimizará” a los desaparecidos.

Luce disparatado.