Se cierne sobre nuestro territorio la llegada de contaminación atmosférica procedente de la Amazonía.

Se trata de hollín suspendido en el aire que los vientos transportan desde regiones muy alejadas de nuestro país, como lo son las zonas meridionales de la selva brasileña; y también algo desde el Chaco paraguayo.

Es un hecho irrefutable que continúa la deforestación amazónica y la quema de todo lo que se derriba, a pesar de todos los programas impulsados, legislaciones aprobadas y compromisos políticos anunciados a los cuatro vientos.

Se trata de un asunto muy serio, de vieja data, que lejos de estar encaminado, continúa librado a su suerte.

No es necesario recordar la conveniencia de mantener el mayor equilibrio posible de los ecosistemas naturales en los que vivimos. Aspiramos a que se supere definitivamente la falacia de contraponer “progreso o conservación”; “desarrollo o ambiente”.

A pesar de ello, continúa siendo muy difícil combatir las ambiciones materiales particulares cuando estas responden a sectores con pocos escrúpulos, y son hábiles aprovechadores de las debilidades institucionales, la falta de controles oficiales y la despreocupación política.

El ideal es que la propia comunidad tenga incorporado un estándar ético, en total sintonía con la conservación y el desarrollo sustentable, que asegure al mismo tiempo compromiso colectivo y respeto a las normas vigentes.

Mientras tanto, deben ser las autoridades locales, estaduales y nacionales las garantes de la eficaz defensa de los derechos colectivos.

Resulta fácil imaginar la magnitud de las actuales quemas de selva que ocurren en una amplia región de Sudamérica, si parte de sus contaminantes llegan hasta estas lejanas latitudes.

El observatorio meteorológico brasileño MetSul emitió un comunicado advirtiendo a Uruguay por la llegada de humos originados en el estado de Amazonas de Brasil. Las advertencias locales subrayan la conveniencia de tomar precauciones por sus efectos adversos sobre la salud de las personas, especialmente para las vías respiratorias.

Siguen muy frescas las promesas del presidente Lula durante su campaña electoral y al asumir su tercer mandato en 2023, de que su gobierno iba a frenar la deforestación en la Amazonía. Prometió, incluso, crear 3 millones de has de nuevas reservas, y confiscar tierras a los propietarios que deforesten. Realizó su esperanzador anuncio el “Día Mundial del Medio Ambiente” (5 de junio) de ese año para darle mayor significación, aprovechando a criticar con dureza al gobierno saliente por su insensibilidad hacia este serio problema ambiental nacional -con alcance regional y global. Es más, anunció que el objetivo es erradicar la deforestación de la selva tropical brasileña para 2030.

Desde setiembre de 2019 rige el Pacto de Leticia para la Amazonía por el cual los ocho países amazónicos se comprometieron a defender la selva que comparten, pero no están ni cerca de haber comenzado a cumplir. Brasil no es un miembro más. Su responsabilidad está potenciada por ser el propietario del 65% de la Amazonía.

Ya hay confirmación de la caída de “lluvia negra” en departamentos del noreste uruguayo ocasionada por este fenómeno transfronterizo. Pero en esta ocasión no se escuchan críticas ni reclamos desde los sectores que están más atentos a enfrentar estas problemáticas ambientales.