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por Martín Aguirre

Si hay algo que hasta sus más encendidos críticos reconocen a Mujica es su capacidad de propuesta. De lanzar ideas que suelen descolocar a propios y extraños, pero que terminan marcando la agenda política de manera ineludible. Su última idea ha sido instaurar una consulta popular para resolver cuestiones de gran trascendencia y que, a su manera de ver, exceden la capacidad de decisión de un gobierno puntual. Pero la idea, planteada en un momento de extrema sensibilidad política, a poco del fiasco por la ley de Caducidad, y en pleno debate por el nuevo impuesto al agro, ha generado más críticas que apoyos. Particularmente en su propia coalición de gobierno.

El primer esbozo del proyecto fue el 2 de junio, cuando desde su audición radial Mujica se refirió al proyecto minero Aratirí, cuya figura visible es quien ocupara la presidencia de la ANP en el anterior gobierno frentista, Fernando Puntigliano. Se trata de un proyecto millonario, que puede cambiar para siempre el perfil productivo, y hasta geográfico, del país. Y por tanto, un proyecto que genera fuerte rechazo de ambientalistas y ganaderos, dos sectores con los que Mujica ha tenido choques notorios, a partir de su propuesta de privatizar tierras en la zona de Cabo Polonio, y de crear un nuevo impuesto a la tierra.

"La magnitud de los recursos nos obliga a una discusión abierta", dijo Mujica, "no creo que por ser gobierno podamos laudar el destino de semejante riqueza". Palabras que vistas aisladas no carecen de sentido, pero que en el momento actual, han desatado una (otra) tormenta.

Esta vez la academia no ha sido el gran obstáculo a un proyecto presidencial. Los principales constitucionalistas han señalado que la idea es viable, que existe en otros países, y que en caso de no ser vinculante, solo precisaría mayoría simple en las cámaras. El Dr. Martín Risso afirmó que "es una herramienta que tiene el gobierno para tener una encuesta sin margen de error y saber qué piensa el cuerpo electoral". Por su parte el Dr. Correa Freitas sostuvo que "la Constitución no prevé el mecanismo de referéndum consultivo, pero nada impide su consagración por ley".

Sin embargo, ambos expertos añadieron conceptos que suman a la discusión. Por ejemplo, Risso destacó que "esta demostrado empíricamente que en las consultas populares siempre triunfa la postura más conservadora", y que en el caso de Aratirí lo más probable es que se rechace la inversión. "El cuerpo electoral no va a leer los informes y va a terminar emitiendo una opinión muy superficial", sostuvo. En tanto, Correa Freitas apuntó hacia otro tema sensible como es el costo. "El alto costo de una consulta popular implicaría atribuirle el carácter vinculante, porque para conocer la posición de la población, lo mejor sería recurrir a las encuestas".

¿A cuánto ascendería el costo económico de realizar un referéndum así? El ejemplo más pertinente para medir este punto es la reciente elección del BPS, la cual según las autoridades insumió unos 65 millones de pesos, unos 3,5 millones de dólares. Sin embargo, la ministra de la Corte Electoral, Margarita Reyes, estimó que sería mayor. Como dijo Reyes, "la democracia no es barata" .

Pero indudablemente el mayor costo que está pagando el presidente Mujica por su nueva ocurrencia es político.

Como era previsible, la oposición no se guardó los adjetivos. "Se lava las manos cuando tiene que tomar decisiones difíciles", dijo el diputado Lacalle Pou; "es un disparate", lanzó el diputado del Partido Independiente Iván Posada; "al gobierno lo elige la ciudadanía para gobernar", sostuvo el senador colorado José Amorín, quien además recordó el reciente episodio con la ley de Caducidad, afirmando que "la gente no sabe si lo que su decisión exprese, el gobierno lo va a respetar".

Lo que no era tan previsible, aunque en estos tiempos tampoco es sorpresa, fueron las críticas surgidas del propio Frente Amplio. Por ejemplo el senador socialista Daniel Martínez expresó que "un país no puede funcionar con plebiscitos para todo. Esto me está sonando a pelotazo". En tanto el diputado de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía, dijo que "hay que asumir el desafío de gobernar", y Jorge Pozzi, del Nuevo Espacio, agregó que "la gente nos paga para que gobernemos".

Más allá de las definiciones políticas, los analistas también han criticado la propuesta, en el entendido de que con ella el mandatario vuelve a despreciar el tejido institucional, para apelar a una relación más directa con la ciudadanía. Algo que lo pone peligrosamente cerca de la definición de "populismo" y de dirigentes como Hugo Chávez, o Rafael Correa, que han apelado seguido a este instituto de democracia directa. Jorge Lanzaro, del Instituto de Ciencia Política de la UdelaR decía días atrás que estos plebiscitos "funcionan como un especie de by pass de la democracia representativa y señalan una debilidad de los partidos políticos".

"Termina siendo un salto hacia el costado del presidente, en vez de encaminar la decisión hacia los circuitos institucionales o los órganos competentes, como la Dinama", concluyó.

Como se ve, la propuesta presidencial ha generado más críticas que apoyo, y son muy escasas la probabilidad de que se llegue a materializar. Lo que lleva a preguntarse si realmente se trata de una idea realista del mandatario, o una simple ocurrencia, de las que se están volviendo habituales en su gestión, expresada sin demasiado análisis o consulta. Algo que daría cierta razón a quienes lo acusan de improvisado o de buscar cambiar de ángulo una discusión política que por estas fechas viene siendo compleja para su gobierno.

Más allá de eso, lo que resulta alarmante es la velocidad con que el mandatario viene perdiendo respaldo en su propio partido, en donde esas ideas que antes eran festejadas como ocurrentes y originales, empiezan a generar fastidio y malhumor. Algo que cuando aún restan tres años de gestión, augura tiempos agitados por delante.

"No creo que por ser gobierno podamos laudar el destino de semejante riqueza." (Presidente José Mujica).

La frase II.

"Mujica oscila entre una ebullición de propuestas y su incapacidad profesional para conducir la presidencia. Él traba al gobierno que dice conducir, o que debería conducir." (Jorge Lanzaro).