Días pasados, durante una charla virtual organizada por el grupo de izquierda “Más Igualdad”, titulada, “La gestión política de la pandemia: crónica de un fracaso humanitario.”,  el cirujano

Julio Trostchansky expuso sobre la necesidad de “hacer responsable al gobierno de las muertes por Covid, porque -sostuvo-, son muertes evitables” que deben denunciarse. Según comentarios posteriores su receptor podría ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos o, a nivel local, la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Como deslinde a mi indignación, aclaro que no coincido con nuestro gobierno respecto a la política adoptada últimamente en relación a la pandemia. Considero que con índices de infección que se sitúan entre los más altos del mundo, la reducción de la movilidad, como obligación general por un lapso acotado, debió ser más restrictiva.

El objetivo no es solo obligar, también ejemplificar conductas. Es cierto que en otros países las políticas limitativas no fueron demasiado exitosas. Si bien en algunos casos lo fueron, ello no siempre ocurrió.

Aún así, creo que los valores en juego, hubieran hecho aconsejable estrategias sanitarias y económicas, más severas que las asumidas. Pero esto lo sostengo sabiendo que las autoridades cuentan con una opinión pública favorable, elemento básico de una verdadera democracia y con la plena convicción que se trata de un desafío complejo, de múltiples enfoques, no todos ellos de carácter científico, donde nadie cuenta con certezas irrefragables.

Tampoco desdeño la idea que es la propia conducta popular, donde resulta posible elegirla, la que en cierta medida decide estrategias. No es sencillo forzar a ser virtuoso.

Nada de lo aquí señalado -más dudas que certezas-, me lleva a suscribir las recomendaciones del Dr. Trostchansky. Lo digo sin pretender que mis apreciaciones estén libres de ideología, una determinación de la que ni la ciencia se libra. Pero creo que las del Dr., y eso es lo más grave, no solamente no advierten ese condicionamiento sino que buscan ocultarlo.

El título profesional del disertante, y de los que lo siguieron, el hecho de haber presidido varias veces el Sindicato Médico y el carácter mismo de la convocatoria y la calidad de muchos de sus participantes, ratifican la impresión de que se pretende que lo allí dicho es la palabra sagrada de la ciencia médica. Una ciencia que desde su presunta objetividad culpabiliza al Presidente de la República por homicidio y al Gach por no declarase opositor al mismo.

Se señala que el gobierno es responsable de la mala situación epidemiológica, lo que debe denunciarse ante los ámbitos internacionales de condena. Una condena que se pretende jurídica -de allí la mención a la Corte Interamericana- cuya competencia criminal requiere dolo o culpa de los autores, como requisito para tipificar delitos. Y ello según estos críticos, en tanto nuestras autoridades dejaron morir, con conciencia y voluntad o con negligencia o impericia a decenas de uruguayos. Un accionar que, según Trostchansky merece condena extranjera.

Todo puede decirse Dr., pero si se imputan motivaciones imaginarias, se hacen malas cosas con palabras. Cure Sr. pero no calumnie, con otras autoridades hasta podría acabar en prisión.