El proyecto que impulsa el gobierno para la instalación de la tercera planta de celulosa (UPM) en el país está plagado de irregularidades, puntos oscuros y urgencias inexplicables. Las alarmas siguen sonando por todos lados, aunque parece que el gobierno no las escucha.

El proyecto que impulsa el gobierno para la instalación de la tercera planta de celulosa (UPM) en el país está plagado de irregularidades, puntos oscuros y urgencias inexplicables. Las alarmas siguen sonando por todos lados, aunque parece que el gobierno no las escucha.

Por ejemplo, los aspectos vinculados al transporte del producto final para su exportación, por sí solos, resultan altamente cuestionables, si se piensa en el interés nacional.

El proyecto incluye la realización del ramal ferroviario que unirá Paso de los Toros con el puerto de Montevideo. Son obras muy caras que deberemos pagar entre todos, e incluyen impactos sociales y ambientales de magnitud, en especial en sus tramos urbanos.

Por imposición de la empresa extranjera, estas inversiones deben realizarse aún antes de que su directorio tome la decisión de sí finalmente construirá la nueva fábrica en Pueblo Centenario.

Se podría pensar -como lo pregona el gobierno- que de cualquier modo el país gana modernizando ese tramo vial; pero no es así, porque estaríamos invirtiendo cientos o miles de millones de dólares -que no tenemos- en solo un segmento de la red ferroviaria nacional, cuando todo ese sistema de transporte de carga y pasajeros está prácticamente inoperante y obsoleto.

Por lo tanto, esta inversión que se impulsa desde el Poder Ejecutivo tiene nombre y apellido; es lo único que explica esta obsesiva intención de sacar el proyecto a como dé lugar y “ya”.Dentro de esa estrategia encaja perfectamente el último acto absurdo protagonizado por el oficialismo, de haber declarado las obras del tren central como de “interés nacional y urgente ejecución”, con la única intención de pasar rápidamente por alto las autonomías departamentales en materia de ordenamiento territorial, como lo marca la ley 18.308.

Este mecanismo incorporado en la mencionada norma, está previsto para solucionar un conflicto entre la intención del gobierno nacional de realizar determinadas obras, y la oposición del departamento por considerarlas negativas para su desarrollo territorial.

En este caso se da el desatino que las autoridades nacionales y las departamentales están de acuerdo con la realización del proyecto, según las manifestaciones públicas de sus más altos jerarcas pero, por lo visto, el Ejecutivo no está dispuesto a esperar los plazos administrativos que demandan esas formalidades. Por tanto da un nuevo paso en falso al arrogarse una competencia que no tiene, pues la ley es muy clara en cuanto a que, la declaración de “interés nacional y urgente ejecución” de una obra, sólo le compete al Comité Nacional de Ordenamiento Territorial, único órgano previsto para dirimir un conflicto de intereses entre las partes. Cuando realiza esa declaración el comité lauda sobre el asunto, y las obras quedan autorizadas.

A medida que pasan los meses la impaciencia oficialista crece y lo impulsa a tomar malas decisiones. Recordemos que desde el presidente de la República hasta sus ministros, han declarado pública y enfáticamente, en cada oportunidad que han tenido, que el proyecto se materializará, restándole total importancia y peso a los pasos y autorizaciones que se deben conseguir para ello. Las señales son muy claras.