El gobierno parece estar decidido a sortear cualquier obstáculo que se presente con tal de asegurarse que la finlandesa UPM construya su segunda planta productora de celulosa en el país.

Ha tomado atajos legales para firmar un acuerdo que presenta varios aspectos denunciados como inconstitucionales, y omitió el cumplimiento de normas propias de las competencias nacionales y departamentales.

Ha aceptado condiciones a todas luces perjudiciales para el país sin exigirle nada a cambio a la empresa, quien hasta último momento tendrá la libertad de desistir del proyecto.

De concretarse la obra, Uruguay deberá realizar una multimillonaria inversión en infraestructura específica para los intereses de UPM -que aumentará aún más nuestra deuda externa- , con impactos ambientales y sociales bastante obvios, como lo serán: agravar el estado actual de contaminación de las aguas del río Negro; transportar volúmenes significativos de productos tóxicos muy peligrosos, que en cualquier momento pudieran protagonizar un siniestro; concretar un nuevo tendido urbano de las vías del tren (cerca de 300 kilómetros) que afectarán la calidad de vida del vecindario a su paso, con un flujo de unos 30 trenes diarios (seguridad física, contaminación acústica y fuertes vibraciones); relocalizar a numerosas familias en otros sitios de la ciudad; llevar a cabo expropiaciones de padrones particulares.

Pero allí no termina el problema. El gobierno necesita que el proyecto obtenga las autorizaciones ambientales previstas en el marco regulatorio nacional, para avanzar en las etapas iniciales en las que se encuentra.

Esos permisos deben obtenerse con prontitud para cumplir con los plazos establecidos y con las propias exigencias de la empresa.

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente (Mvotma), es el organismo oficial encargado de esa tarea tan trascendente para los intereses actuales y futuros del país. Su mayor fortaleza es que tenga garantizada su independencia técnica, para cumplir con sus obligaciones sin interferencias de los gobernantes de turno.

Como era de esperar en un proyecto que nació en absoluto secreto, se está ejerciendo mucha presión sobre los técnicos de Dinama, para que informen rápidamente acerca de los distintos aspectos ambientales de este proyecto, sin ocultarles que el gobierno lo va a probar como sea. En esa línea de acción encuadra la compulsiva suspensión de todas las licencias del personal vinculado al proyecto, dispuesta por la ministra de Medio Ambiente, para que se reintegren y saquen el trabajo en los plazos que se necesitan. También en esto se le da a la empresa finlandesa un trato excepcional y exclusivo.

Mientras tanto se sospecha que la Dirección de Ordenamiento Territorial -también del Mvotma- realizó ajustes en la categorización de suelos que favorecerían a UPM, y que por lo tanto no se hubiesen llevado a cabo de no existir este proyecto.

Debe ser muy difícil trabajar con tanta presión porque en cada informe técnico producido está en juego la credibilidad y el prestigio del profesional actuante. Por eso resulta imperioso que se le garantice a la Dinama su autonomía técnica.