Justificación que apesta

La Argentina está pasando por una situación interna muy grave. Cristina Kirchner, la Vicepresidenta, ha sido acusada penalmente por la fiscalía y ella ha desconocido y rechazado dicho procedimiento: sus adictos han tomado las calles de Buenos Aires en su apoyo y en rechazo a la actuación del fiscal.

Esa señora se considera por encima de la ley y ha logrado convencer a muchos argentinos que los procedimientos judiciales que tiene abiertos constituyen una persecución política. No entran a controvertir tal o cual pasaje de la actuación fiscal: cualquier acusación contra ella es descalificada in limine, antes de abrir la tapa.

Esa señora ha sido investigada, la fiscalía ha aportado una serie de hechos en la Provincia de Santa Cruz que considera pertinentes. Ella tiene abogados defensores que tendrán su espacio para presentar descargos y argumentar una defensa. No ha sido condenada, no está inhabilitada de nada, se está siguiendo con ella el proceso normal, con todas las garantías, como con cualquier ciudadano.

Pero ella piensa que su actuación política a favor del pueblo, la ha colocado en un lugar superior. Muchos de sus seguidores sospechan o directamente saben de irregularidades procesales y aún de casos de corrupción que la involucran (no es fácil olvidar las bolsas con millones de dólares en billetes revoleadas por encima de la tapia del convento) pero la indultan y la justifican por su categoría de defensora de los intereses populares de los argentinos.

En sectores del Frente Amplio circula la misma filosofía; cierta dirigencia frenteamplista tiene esa misma opinión de sí mismos y de su partido. Según ellos el Frente Amplio es el único partido popular: todos los demás partidos (la coalición de gobierno) son partidos burgueses. Por tanto, todos los pasos y decisiones del Frente han de ser juzgados en esa perspectiva y en atención a esa cualidad superior.

Si el senador Charles Carrera hace atender en el Hospital Policial por dos años a alguien que no es policía para arreglar un enchastre feo, nada importa la norma que lo prohíbe: el senador actuó con espíritu humanitario y, por ende, a él no le toca la ley.

Si el senador Andrade construyó su casa particular sin pagar el B.P.S. y no abonó nunca Contribución Inmobiliaria por su propiedad (que es modesta) resulta una infamia y una persecución política pedirle cuentas por ello.

Cuando un periodista saca a la luz un procedimiento irregular escondido de algún político del Frente Amplio, todo el partido, sin detenerse a examinar ni ponderar nada, pone el grito en el cielo diciendo que se trata de una campaña de difamación. Así sucedió cuando Patricia Madrid destapó las mentiras de Sendic y ahora cuando Alvarez destapó lo de Charles Carrera. Beatriz Sarlo escribió el domingo pasado en Perfil de Buenos Aires: “La corrupción necesita del soporte ideológico que justifique los delitos en nombre de las virtudes de quienes los cometieron”.

La ignominia en estos casos es doble: por un lado, están los feligreses partidarios, aquellos que han venido a creer que su partido es de otra categoría, moralmente superior y por eso su dirigencia no es pasible de juicio. Por el otro lado, están quienes advierten la trapacería pero callan porque temen patear el hormiguero donde tienen un destacado domicilio político.

El apoyo explícito y sin ambages de los senadores Caggiani y Amanda Dellaventura a Cristina Kirchner y el silencio de todos los demás es un triste paso más de asimilación con la Argentina kirchnerista. Y la justificación apesta.