Hebert Gatto

Una semana atrás el Presidente de la República se reunió con la oposición para abrir el diálogo educativo, una bienvenida instancia para procurar modificar la enseñanza a través de un acuerdo general.

El día anterior había hecho lo mismo con los diferentes sindicatos de la enseñanza. Lamentablemente y como es notorio, ADES (gremial de docentes de Secundaria de Montevideo) y con matices Fenapes, (Federación Nacional de Profesores), a diferencia de los maestros de primaria, mantienen una posición renuente hacia tales negociaciones.

No solamente los sindicatos se muestran poco inclinados a algunos modestos planes de descentralización, su negativa va mucho más allá: se rehúsan a que los partidos políticos intervengan en este tema, considerando su participación como violatoria de la autonomía de la enseñanza. Según sus dirigentes, ello habilitaría a que la más baja politiquería se inmiscuyera en asunto tan trascendente para la nación desplazando a los docentes. Como expertos, los únicos legitimados para dirigir la educación.

Tanta osadía, tanto desprecio a la soberanía popular, son dignos de mejor causa. Que setenta años después de la caída del fascismo se pretenda que las corporaciones sustituyan a los Parlamentos, en asuntos cruciales como las políticas educativas de una nación, además de dogmatismo revela crasa ignorancia de la historia por parte de quienes están abocados a enseñarla. No por azar los sindicatos fascistas eran exponentes de una ideología totalitaria. Algo muy grave, pero que aquí no es todo.

Según informa el semanario Brecha, ADES cuentas con unos 2.600 miembros, sobre un total de 8.000 docentes de Montevideo, mientras a sus asambleas, que fijan su estrategia sindical, nunca concurren más del diez por ciento de los afiliados.

Ello significa que aun si en tales asambleas se decidiera por unanimidad, lo que, por supuesto, no ocurre, las mismas, en el mejor de los casos, contarían con aproximadamente el 3% de los docentes del departamento y el doble de ese porcentaje si nos remitimos al total de sus afilia-dos. Sin embargo, con este esmirriado porcentaje, paros y ocupaciones mediante, se es-tá obstaculizando un acuerdo decisivo como la mejora de la educación.

Una política por la que clama el país entero, incluyendo al gobierno, que ahora advierte su error al sancionar una mala ley.

No insistiremos con datos sobre nuestra enseñanza. Repeticiones, deserciones y ausencia de mínimos de aprendizaje, incluso para los pocos que ingresan a la Universidad, son conclusiones coincidentes, tanto las de fuente extranjera como nacional. La educación pública en el Uruguay no está mal, está peor. Procurar reformarla no es un objetivo idealista, ni de mediano plazo, es tarea de todos y para ayer, si es que nos concierne el país de nuestros hijos y de nuestros nietos. Sin embargo, no es ése el pensamiento de los sindicatos. Para ADES y para el Consejo de Secundaria debería ser el apolítico, pero ultraideologizado Congreso de la Educación, quien con carácter obligatorio, determine qué debemos hacer con nuestras preocupaciones y con nuestros niños y jóvenes. Ellos, el 3% de los que saben, los que conducen a los iluminados sin injerencias externas, tendrían que señalarnos el camino. ¡Dios nos guarde y guarde a nuestros jóvenes!