El texto del proyecto de reforma constitucional propone: “Punto 6, Ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del Salario Mínimo Nacional”, (SMN, $ 22.268), lo que tiene un costo anual superior a US$ 1.000 millones. El Senador Andrade, partidario del proyecto, lo estimó recientemente en US$ 360 millones.

La diferencia es consecuencia de su redacción, “pasividades” y no “pasivos”, que obliga a aumentar todas sin considerar la situación económica del pasivo.

Ejemplo: un jubilado profesional con $ 90.000, si tiene otra pasividad de $ 15.000 recibe aumento.

La redacción es clara. El texto refiere a jubilación y a pensión y no determina jubilados o pensionistas. Plantear que “se quiso decir otra cosa” no es solucionable, solo permite concluir graves fallas jurídicas en su redacción.

La secuencia de hechos lo confirma. El inicio de firmas para el plebiscito se inició después que AEBancariosU y Comuna informaran su alcance.

La propia reforma bloquea un recorte legal de la cuestión, ya que establece que “la presente reforma no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestaciones de seguridad social”, lo que “congelaría” esa situación, así como las de las otras 5 Cajas.

Para estimar costos se dispuso de una base de datos 2021-2022 con el monto de cada pasividad de BPS y de las Cajas Bancaria, Militar, Notarial, Policial y Profesional, ajustadas por aumentos. Estas bases están a disposición del Pit-Cnt.

En casi 900.000 pasividades (unas 800.000 personas), hay 526.000 que no superan el SMN. El costo máximo de elevarlas al SMN se estimó por diferencia entre el proyectado y el vigente y dio US$ 1.164 millones, al que se debe deducir la parte de rentas AFAP percibidas por quienes se benefician con la reforma hasta llegar a su nuevo límite.

El BPS estimó un costo de US$ 1.038 millones y 497.400 pasividades beneficiadas, sin las restantes Cajas.

La meta era igualar la pasividad mínima de $ 18.840 (vejez e invalidez $ 16.516) al SMN de $ 22.268. El SMN líquido de los trabajadores activos es de $ 18.928 y pasaría a ser inferior al de los pasivos, lo que impulsa la informalidad. Es de justicia señalar que gobiernos anteriores aumentaron gradualmente esos mínimos.

En 2022 había 183.226 pasividades (149.816 pensionistas) menores a $ 15.906 y de ellas 83.886 menores a $ 9.543 (valores 2024), sin incluir rentas AFAP.

¿Cuáles son las razones por las que perciben montos inferiores a los mínimos publicados?

Los mínimos excluyen varias situaciones.

Por ejemplo, según el Diagnóstico CESS citado: “Al cierre de 2019, el BPS pagaba unas 242.000 pensiones de sobrevivencia, de las cuales 142.000 tienen como beneficiario a una persona que recibe además otra prestación.”

a. Pasivos que perciben renta AFAP y el total no supera el SMN

En 2022 se pagaban 26.381 pensiones AFAP (US$ 42.141.000) y 63.595 jubilaciones (US$ 163.744.000), de diversos montos.

b. Pasivos que perciben más de una pasividad

Unas 70.000 personas perciben 2 o más pasividades. De ellas, las que sean inferiores al SMN recibirán un aumento, aunque el total de sus ingresos supere el mismo. En 2018, en BPS había 97.602, Cajas Militar 17.650, Policial 11.911, Profesional 13.695, Bancaria 8.977 y Notarial 1.961.

c. Varios pensionistas beneficiarios de la jubilación de una persona fallecida

Por ejemplo, un jubilado con $ 30.000 fallece y dejará cónyuge, concubina y cuatro hijos menores con 6 pasividades de $ 22.268.

d. Pensión baja, pero con otros ingresos personales superiores al tope (en pensiones no contributivas, del hogar)

e) Jubilados no residentes, situaciones de Convenios Internacionales, Acumulación de servicios menor al 50% en BPS.

En el Parlamento se advirtió: “ese salario mínimo se pagaría independientemente de la razón y situación económica del beneficiario. Ello implicaría destinar recursos fiscales de manera indiscriminada”.

Consecuencia de esa situación

En 265.606 pensiones: el costo máximo anual de llevarlas a $ 22.268 se estimó en US$ 820 millones; deben deducirse las rentas AFAP que son sustancialmente inferiores al total de las 29.642 pensiones AFAP pagas en 2022 por US$ 42 millones (en 2024 más). Es menor, no incide.

Una pasividad de $ 3.942 (mínimo general para los no incluidos por ingresos en los otros mínimos) pasaría a $ 22.268, con aumento del 465%.

Los pasivos cuyo único ingreso es el mínimo de $ 18.840 percibirán un aumento de $ 3.428 (18%).

Es el término usado (pasividad y no pasivo) la que acarrea ese aumento “al barrer” a pasivos que tienen ingresos de mayor monto. Algo así como “que aumente más, el que gana más”.

Conclusiones

A. El proyecto de reforma constitucional no presentó los estudios mínimos necesarios y su redacción es, por lo menos, apresurada. Incluso, torpe.

B. El costo inmediato anual es del orden de US$ 1.000 millones y terminará perjudicando a los jóvenes.

C. Una elevada parte del costo inmediato del proyecto beneficiará a pasivos con ingresos superiores o muy superiores al Salario Mínimo.

D. Erradicar la pobreza infantil costaría unos US$ 300 millones anuales.