Entender las derivaciones del Caso Marset, que llevó a la renuncia del ministro Francisco Bustillo, no es fácil. Habrá que ver cómo avanza el caso ante la Justicia para tener más detalles y solo así saber lo que realmente sucedió.

Lo único claro es que en la medida que se quiso conocer más del tema, sus protagonistas se fueron entreverando en una red confusa y perjudicial.

Otorgar un pasaporte a Sebastián Marset no va contra ninguna norma, aún tratándose de un peligroso narcotraficante. Sin embargo, por ser quien es, el asunto debió manejarse con cuidado y analizar el caso sin apresuramientos.

Por principio un consulado no niega el pasaporte a sus ciudadanos en el exterior, aun cuando su situación sea complicada. Negarlo, según me explicaron fuentes que conocen estos temas, era común durante la dictadura cuando no se los daban a los uruguayos exiliados. Debían recurrir a un pasaporte para refugiados políticos otorgado por la ONU.

Más allá de la norma, ante casos como el de Marset, lo recomendable es tomarse tiempo para una decisión. Que seguramente será la de darlo.

Marset llegó a Dubái con un pasaporte paraguayo falso, fue detenido y luego liberado pero quedó varado al estar indocumentado. Si bien requerido en varios países, no lo estaba en Uruguay.

Es a partir de pedidos (¿presiones?) de sus abogados que el trámite se aceleró. Luego vino la maraña de conversaciones guardadas en celulares, recomendaciones para borrar chats, recriminaciones y testimonios no siempre verdaderos ante el Parlamento, lo que terminó comprometiendo a jerarcas en la cancillería, el ministerio del Interior y tal vez en Presidencia.

¿Cómo se llegó a esto? Si no era ilegal otorgarle el pasaporte a Marset, ahí no está el problema. La discusión está en si hubo apresuramiento. No si se debió emitir.

Es difícil entender cómo una disyuntiva tan clara, terminó en este entreverado escándalo. El temor a la presión opositora y a lo que pudiera pensar la opinión pública quizás llevó a estos desatinos que terminaron en la renuncia del ministro. De haberse explicado todo desde el primer día, incluso reconociendo un apresuramiento innecesario, hoy la Cancillería no estaría en esta situación. Habrá que esperar a cómo evoluciona la investigación judicial para aclarar lo sucedido.

Más allá de este lío preocupante, en ningún momento urgió que el presidente anticipara su retorno de Estados Unidos donde se reunió, entre otros, con el presidente Joe Biden en su esfuerzo por abrir más el comercio. El escándalo de cancillería dejará serias secuelas pero pasará. Lo que Lacalle Pou logre en ese encuentro, por poco que sea, tendrá repercusiones de largo plazo. Por eso era bueno que completara su tarea.

Como si eso no fuera suficiente problema, el Partido Nacional enfrenta otro: el senador Juan Sartori fue declarado omiso por no haber presentado la totalidad de la información pedida por la Jutep respecto a su patrimonio, incluyendo la declaración de su esposa, más allá de si sus bienes están separados.

Sartori no solo se niega sino que presentó su caso ante la Suprema Corte de Justicia, que sostuvo que la ley que autoriza a la Jutep a solicitarle esa información es constitucional.

El senador pidió el apoyo del directorio del Partido Nacional que no se había pronunciado al momento de entregar esta columna. El sentido común indica que el Directorio poco puede agregar a un tema donde ya hay un fallo de la Corte Suprema.

Es llamativo que teniendo tantos intereses empresariales acá y afuera, Sartori no haya previsto que al dedicarse a la política, cesaba la reserva sobre su patrimonio.

El argumento de que no corresponde meterse en la vida privada de un político, es relativo. Hay aspectos que deben ser públicos porque pueden afectar el cumplimiento de su tareas o la transparencia de su conducta.

No se trata de meterse en cuestiones íntimas (a no ser que violen la ley), pero hay dos asuntos en los que no hay privacidad: la salud del político y su patrimonio.

La salud importa en un político, si ella afecta su capacidad o su lucidez para desempeñar sus funciones.

Las cuentas personales no deben ser secretas. No es cuestión de si es pobre o rico. No es lo relevante.

Lo que interesa, dado que los políticos deciden sobre dineros públicos, es determinar si al concluir el período se va con más patrimonio y si este fue honestamente habido. Es decir, si no obtuvo ingresos indebidos, o si no usó su riqueza para presionar de modo ilegal a favor de su agenda política personal.

No se trata de sospechar de Sartori; todo político sabe que en este tema está expuesto.

Si para Sartori es tan importante la reserva de sus datos, quizás deba decidir cuál es su prioridad: o la actividad empresarial o la política.

De elegir lo último, corre con una ventaja. Si quisiera ser candidato a algún cargo, solo tiene que reciclar los avisos usados en la campaña pasada. Me refiero a aquellos que se preguntaban quien era e intentaban darlo a conocer. Cinco años después, todavía no se sabe quién es.