A la lista de tropelías que debilitan la democracia en Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei está a punto de sumar una más: la anulación del proceso electoral en marcha porque al ballotage pasaron dos socialdemócratas.

Tanto la ex primera dama Sandra Torres, que obtuvo el primer lugar con casi el 16% de los votos, como Bernardo Arévalo, que rozó el 12%, pertenecen a formaciones de corte socialdemócrata y son críticos de Giammattei. Por esa razón, que el Tribunal Constitucional haya aceptado el amparo promovido por nueve partidos derechistas para que se suspenda el conteo de votos, suena a primer paso para anular la elección.

No es la primera tropelía de Giammattei. Haber bloqueado el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); destituido al Fiscal Especial Contra la Impunidad y avalado las embestidas de la Fiscal General Consuelo Porras contra todos los magistrados dispuestos a investigar la corrupción de los gobiernos conservadores que encabezaron Jimmy Morales y el propio Giammattei, prueban que el actual presidente está dispuesto a destruir la democracia para evitar que se intente acabar con la corrupción y con la impunidad que carcomen las instituciones guatemaltecas.

Que el resultado de la primera vuelta haya quedado en el limbo evidencia un plan para abortar el proceso electoral.

Habrá que ver si esta forma de golpismo que se intenta en Guatemala es denunciado por la dirigencia latinoamericana que denuncia “lawfare” sólo cuando se trata de líderes del populismo izquierdista.

La izquierda socialdemócrata que expresan tanto Torres como Arévalo no está en la vereda ideológica que sólo denuncia proscripciones y golpismo en defensa propia.

Dos “proscripciones” desmienten la teoría según la cual sólo se aplica “lawfare contra los líderes de izquierda”.

Las inhabilitaciones de Jair Bolsonaro y de María Corina Machado son casos diferentes entre sí, pero ambos tienen en común probar que el relato que hacen líderes del populismo de corte izquierdista, como Cristina Kirchner y el ecuatoriano Rafael Correa, dando una interpretación ideológica y una escala latinoamericana a los procesos judiciales contra gobernantes y ex gobernantes, no se ajusta a la realidad que muestra la región.

De hecho, en el mismo puñado de días que fue inhabilitado Bolsonaro, la justicia envió a prisión al ex presidente Fernando Collor de Mello por un caso de corrupción del gobierno bolsonarista.

Collor de Mello, que formó parte del oficialismo en el gobierno del líder ultraderechista, cuando ocupó la presidencia, en la década del noventa, impulsó un modelo libremercadista.

Por cierto, antes de las inhabilitaciones de Bolsonaro y Machado hubo muchos casos de presidentes derecha que fueron juzgados, sacados del poder y encarcelados por corrupción. Pero el relato “victimizador” del populismo de izquierda no incluyó ninguno de esos casos en su lectura sobre el lawfare.

En ese relato, el instrumento de la “guerra judicial” sólo es utilizado para destruir proyectos progresistas. La misma victimización, pero invirtiendo los términos, hacen los gobernantes derechistas que acumulan causas judiciales.

Bolsonaro repite que es un perseguido político y que el tribunal electoral que lo inhabilitó fue el instrumento del lawfare que la izquierda lanzó contra él. Pero el fallo que le impide volver a candidatearse hasta el 2031 resulta justificable. Y es posible que se sumen otros fallos que, incluso, podrían llevarlo a la cárcel.

Igual que las corruptelas de otros ex mandatarios con problemas judiciales, los problemas que alejan a Bolsonaro del Palacio del Planalto y lo acercan a una celda, devienen de los estropicios que cometió. Está a la vista que quiso destruir el proceso electoral en el que fue derrotado. El mundo enteró vio las hordas bolsonaristas invadir y arrasar los edificios de los tres poderes en Brasilia.

El caso de María Corina Machado es diferente. Sobran razones para sospechar que la inhabilitación a la dirigente conservadora es una proscripción encubierta que perpetra la dictadura que encabeza Nicolás Maduro.

Desde el fracaso de Juan Guaidó, los venezolanos buscan entre las figuras de la disidencia y las encuestas señalan que la preferida para enfrentar al régimen en las urnas, es María Corina Machado.

Precisamente la popularidad que muestran las encuestas sería la verdadera razón por la que la Contraloría General de la República aplicó una inhabilitación para ocupar cargos públicos por quince años. Pero de eso no habla la dirigencia que sólo ve lawfare en la vereda propia.