Hay muy poco para sentirnos orgullosos de la garra celeste en el documento presentado por la Mesa para la reforma de la política de ejecución penal y el sistema penitenciario convocada por el Comisionado Parlamentario Penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos-Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
El documento describe el panorama del sistema penitenciario - con menos eufemismos, de las cárceles. La conclusión básica es que nos encontramos “ante un problema, una realidad compleja, que requiere respuestas integrales y que abarquen simultáneamente varias dimensiones del diseño de la política de ejecución penal”. Los desafíos clave incluyen que “las respuestas institucionales han sido reactivas y a través de parches”, el énfasis en la prisión sobre otras estrategias, el hacinamiento, la violación de Derechos Humanos en las cárceles, el alto nivel de violencia, y la alta tasa de reincidencia.
Uruguay tiene la distinción de ser uno de los países con mayor proporción de personas privadas de liberad (otro eufemismo) en comparación a su población total. No solo eso: a ello se suma una alta tasa de reincidencia. La cantidad de personas presas aumenta más rápidamente que la población total.
La organización World Prison Brief - WPB, recopila información sobre la cantidad de personas presas (tanto en prisión preventiva, durante su procesamiento y en prisión definitiva luego de la sentencia) en 223 países. Utiliza dos indicadores: la cantidad total de presos y la proporción de éstos cada cien mil habitantes.
Los países con mayor cantidad total de presos incluyen los Estados Unidos (casi 1,8 millones de personas privadas de libertad), China (aproximadamente 1,6 millones), Brasil (847.000), India (573.000) y Rusia (433.000).
Sin embargo, el mejor indicados para medir el impacto de ese sector de la población en la sociedad total es el número de presos cada 100.000 habitantes.
Y aquí nos encontramos con que el Uruguay se halla entre los diez países con, proporcionalmente, una mayor población carcelaria en el mundo.
En nuestra región, el país que tiene la mayor proporción, por lejos, es El Salvador (1.086 personas cada cien mil). Luego siguen Cuba (794), Estados Unidos (531), Panamá (499) y Uruguay (424).
Es una proporción muy alta en comparación, por ejemplo, con Argentina (254), Brasil (390), Chile (287) y Costa Rica (343).
Estamos muy lejos de las sociedades más avanzadas que deberían ser nuestra referencia, como Dinamarca (69), Finlandia (51), Islandia (91), Suecia (92), Irlanda (92) y Nueva Zelanda (173).
El número de presos aumenta en mayor medida que la población. Pasó de 7.139 personas en el 2004, a 11.203 en el año 2017, y en la actualidad supera las quince mil (para ser precisos, eran 15.457 en diciembre pasado). Esa proporción sería aún mayor si considerásemos el impacto del delito y de las condenas a prisión dentro de determinados sectores sociales.
Esa importante proporción de personas presas tiene diferentes consecuencias. Incluyendo que el sistema se reproduce a sí mismo: la tasa de reincidencia es muy alta. En torno del 70 % de los excarcelados reincide dentro de un plazo de tres años de su salida de la cárcel.
Otra proporción termina abandonada, en las calles de las ciudades de nuestro país.
Cosechamos lo que sembramos.