De los pocos consensos que existe en el sistema político dentro del tema seguridad es acerca de la necesidad de enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico. El disenso ingresa en las modalidades aplicadas en esa lucha.

Con una política antinarco débil y equivocada, la Administración anterior, por ejemplo, desarmó en 2013 las Brigadas Antidrogas Departamentales de Montevideo y Canelones, lo que permitió la proliferación de las bocas de droga en nuestros barrios. Esa falta de política criminal hizo que la DEA abandonara el país por la nula receptividad de las autoridades.

La actual Administración reabrió las Brigadas cerradas por el Frente permitiendo que la Dirección Nacional se enfocara en el ataque a las organizaciones medias y grandes, lo que trajo mejores resultados: récords de incautaciones de drogas, de bocas desarticuladas, de personas formalizadas y condenadas por delitos de drogas, de dinero incautado.

Además, se profesionalizó y capacitó a la Policía con acuerdos con la Senaclaft y el Banco Central para formar a los efectivos en la detección del Lavado de Activos y se crearon una Fiscalía especializada en Lavado de Activos y una de Drogas, y nuevos instrumentos jurídicos como el Decomiso Ampliado.

Estas mejoras permiten pensar en el siguiente paso, que debería pasar por aumentar la severidad represiva contra los grupos organizados.

La propuesta programática de Álvaro Delgado prevé la adaptación del modelo multifuerzas que utilizó Italia contra la Mafia y que varios países de la región y de Europa están replicando, lo que fortalecerá la capacidad de generar inteligencia anticriminal. Pero, además, hay otra propuesta concreta: agravar las penas para los integrantes de grupos criminales organizados en torno al negocio de los estupefacientes.

Si bien Uruguay cuenta con la figura delictiva de la “Asociación para delinquir” consideramos que “autonomizar” la represión del “grupo narco” sería útil y eficaz. La Policía tiene identificados estos grupos, que son generalmente “clanes familiares”, y existen criterios bien definidos como ser: organización piramidal, roles definidos, logística propia, la cantidad de integrantes, autonomía, cantidad de “bocas” o puntos de comercio de drogas que controlan, sustento económico basado en el “negocio narco” en sus distintas variantes, entre otros.

Varios países han acudido a este criterio de “autonomizar” y agravar las penas para organizaciones delictivas específicas. Hay casos emblemáticos como la propia Italia con el artículo 416 bis de su Código Penal destinado a los grupos mafiosos. También el artículo 186.22 del Código Penal de California contra las “Pandillas”. Colombia, México, Alemania y España también han acudido a este mecanismo.

Esta “autonomización” e incremento punitivo fortalecerá las capacidades del sistema de persecución penal para el desbaratamiento de estas bandas, reduciendo la violencia que ellas causan y que son determinantes, por ejemplo, de numerosos homicidios en sus enfrentamientos por territorio y mercado. Se podrá capturar a sus líderes e integrantes y como es conocido por todos los integrantes del sistema policial y penal, a menudo involucran a individuos que son reincidentes o que tienen un historial criminal, por lo que aumentar las penas servirá para “incapacitar” a estos delincuentes por períodos más largos, evitando futuros delitos.

Con esta medida el Estado seguirá marcando su implacabilidad en la lucha contra el narcotráfico.