Está claro que los eventos naturales que más preocupan e impactan en la sociedad uruguaya son las sequías y las inundaciones.

Atendiendo tanto a las advertencias científicas como a las experiencias vividas en los últimos lustros, sabemos que regresarán y quizás con mayores intensidades. Entonces debería materializarse una adecuada preparación en políticas nacionales y departamentales -ajustadas a las características locales-, que mejoren significativamente nuestras capacidades de respuesta, con el objetivo de minimizar los daños y las pérdidas.

Hablamos de dos eventos opuestos directamente vinculados con el sistema hidrológico nacional que suelen alternarse y cuyas predicciones son posibles. Pongamos la atención en las inundaciones. El Ministerio de Ambiente dispone del llamado Mapa de Riesgo de Inundación (MRI), donde se recogen los distintos niveles de riesgo. Está basado en tres componentes importantes: la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad.

Se considera un instrumento muy pertinente para contribuir a materializar un ordenamiento territorial exitoso, debido a que uno de sus pilares es lograr el mejor uso posible del suelo en función de los riesgos; tanto los conocidos como potenciales.

Como ejemplo del MRI solo tomaremos en cuenta a las ciudades capitales. En el nivel de riesgo “Muy Alto” están por orden: Durazno, Artigas, Paysandú, Mercedes, San José de Mayo, Treinta y Tres y Salto.

En el nivel de riesgo “Alto”: Melo, Canelones, Tacuarembó, Montevideo, Colonia del Sacramento y Rivera. En el nivel “Medio”: Florida, Fray Bentos y Minas. En el nivel “Bajo”: Maldonado y Rocha. Esta información brinda una herramienta muy pertinente para mejorar las políticas territoriales locales, particularmente aquellas concebidas con el fin de ajustar los planes para erradicar un problema endémico en varias de estas ciudades, relocalizando familias, instituciones sociales y deportivas, emprendimientos comerciales en terrenos de bajo riesgo de inundaciones.

Cuando ocurre el desborde agresivo de los cauces de agua asociados a grandes centros poblados, inmediatamente se registran evacuaciones y pérdidas de diversa índole, que podrían minimizarse de manera significativa con buena planificación.

No estamos diciendo que en la actualidad no exista prevención sino que es un hecho que esta realidad golpea cada vez con mayor frecuencia, demostrando que lo realizado hasta ahora no es suficiente.

Hay que invertir mucho más, especialmente en el ordenamiento territorial -que demanda costes muy elevados- y políticas sociales difíciles de implementar porque implican relocalizaciones impuestas, siempre con bajos presupuestos. Tampoco podemos olvidarnos de la importancia que tiene la adaptación de las viviendas en zonas de riesgo medio y bajo, frente a los eventuales desbordes de las aguas que pudieran alcanzarlas.

A ello se le suma la necesidad de disponer de una policía territorial profesional y eficiente, que contribuya al éxito del plan de traslado definitivo de muchas familias, sin que lleguen nuevos ocupantes a los terrenos desalojados.

El desafío está latente, hay que encararlo más temprano que tarde.